Citan como investigados a nueve sindicalistas y a Manolo Copé por frenar un desahucio en Alicante

Nueve integrantes de los sindicatos de vivienda de Carolinas y la Zona Norte de Alicante, junto al portavoz municipal de EU-Podemos, Manolo Copé, han sido citados como investigados por un presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad durante el desahucio ejecutado el 16 de julio de 2025 en el barrio de Nou Alacant. Deberán comparecer el próximo 17 de diciembre ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, según han informado los colectivos.

Los sindicatos rechazan que su intervención para acompañar a una familia sin alternativa residencial tenga consecuencias penales. Defienden que la convocatoria estaba amparada por las libertades de expresión y de protesta, y sostienen que «el sindicalismo, el apoyo a una familia vulnerable y la defensa del derecho a la vivienda no deberían ser constitutivos de delito». A su juicio, las citaciones forman parte de una presión creciente sobre los movimientos sociales para frenar su actividad.

El procedimiento tiene como origen el desalojo de Roberto y Fanny, que llevaban 25 años viviendo en el número 41 de la calle Benilloba. Según explicaron entonces los sindicatos, el matrimonio, con su vulnerabilidad acreditada, había entregado la vivienda al banco en dación en pago durante la crisis y después permaneció en ella con un alquiler social. El inmueble pasó de la entidad bancaria a un fondo inversor y acabó vendido a un particular, mientras la pareja seguía dentro.

Aquel día se concentraron más de cincuenta personas para intentar impedir el lanzamiento: miembros de ambos sindicatos, vecinos y otros ciudadanos, además de Copé. Formaron una cadena humana frente al portal y bloquearon la entrada con electrodomésticos. La intervención policial se prolongó más de media hora entre gritos y momentos de tensión; tras romper la cadena, los agentes usaron un ariete para abrir la puerta y permitir el acceso de la comisión judicial. La resistencia no logró evitar el desalojo.

El hijo de la pareja explicó entonces que sus padres habían pagado un alquiler social hasta que dejaron de cobrarlo tras la venta: «Ahora no tienen ninguna alternativa a dónde ir, no pueden pagar mil euros por un alquiler». Fanny, desde el rellano, relató que no pudo sacar ni su ropa: «Ya no puedo llorar más». Después del desalojo, EU-Podemos cuestionó la actuación policial y denunció un uso de la fuerza que consideraba innecesario.

Los sindicatos aseguran que este procedimiento se suma a multas por valor de miles de euros acumuladas por su actividad en defensa del derecho a la vivienda, y denuncian un aumento de la represión contra los colectivos de vivienda y otros movimientos sociales, entre ellos el educativo.

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