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Sucesos

Aplazan de nuevo el juicio por la listeriosis de la carne mechada de Magrudis en Sevilla

El juicio por la listeriosis de la carne mechada de Magrudis, con cuatro muertos, se aplaza tres semanas y arrancaría el 16 de diciembre en Sevilla.

Redacción automática · Bilbao 2 min de lectura

El juicio por el brote de listeriosis provocado en 2019 por carne mechada contaminada de la empresa Magrudis, que causó cuatro muertes y más de 200 intoxicaciones, vuelve a aplazarse tres semanas y, en principio, comenzará el próximo 16 de diciembre. La decisión permitirá disponer de varios informes pendientes del Instituto de Medicina Legal de Sevilla mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo que evite la celebración del proceso judicial.

Según han confirmado fuentes de la negociación a Europa Press, el nuevo aplazamiento se ha solicitado de común acuerdo entre las partes que participan en las conversaciones, con la excepción del Ayuntamiento de Sevilla, que sigue sin incorporarse a ellas. La vista estaba inicialmente prevista para el 16 de octubre, pero ya había sido pospuesta primero al 3 de noviembre y después al 23 de ese mismo mes.

Las negociaciones buscan evitar un macrojuicio para el que están previstas más de 40 sesiones y resolver las reclamaciones económicas de los afectados. Las indemnizaciones solicitadas ascienden a unos diez millones de euros, de los cuales, según las propuestas abordadas hasta ahora, la mitad correspondería al Ayuntamiento de Sevilla.

El abogado Manuel Parrilla, representante de algunos de los perjudicados, había explicado que los aplazamientos pretendían dar margen al Consistorio para incorporarse a las conversaciones. El letrado defendió que los afectados reclaman indemnizaciones básicas y que las distintas partes están haciendo esfuerzos para alcanzar un entendimiento. Fuentes de la negociación sostienen que el Ayuntamiento dispone de mecanismos extraordinarios de financiación para afrontar los pagos y mantienen abierta la posibilidad de negociar otras fórmulas. Uno de los abogados ha lamentado que la administración municipal siga siendo la única parte que no se ha sentado a negociar.

La Fiscalía atribuye a los hechos un presunto delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete de lesiones al feto por imprudencia grave y otros 235 de lesiones por imprudencia grave. También aprecia posibles delitos de defraudación de fluido eléctrico y falsedad en documento oficial.

Por el delito contra la salud pública, el Ministerio Público pide cuatro años de prisión para José Antonio Marín Ponce, sus hijos Sandro José y Mario Marín Rodríguez y Encarnación Rodríguez Jiménez, además de otros seis años para cada uno por los homicidios imprudentes. La acusación contempla asimismo multas por la presunta defraudación eléctrica y un año y medio adicional de cárcel por falsedad documental para José Antonio Marín Ponce, Sandro José Marín Rodríguez y el arquitecto Sergio L. G.

Información elaborada a partir de Deia.

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