Delcy Rodríguez querella a Víctor de Aldama por vincularla con la financiación del PSOE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha presentado una querella contra el empresario Víctor de Aldama por un presunto delito de injurias graves con publicidad, por las declaraciones que hizo en dos programas de televisión. Según el escrito, Aldama la vinculó con la entrega de un sobre que contendría documentación sobre una supuesta financiación irregular del PSOE. Rodríguez ya había pedido en julio un acto de conciliación para que se retractara, advirtiendo de que se querellaría si no lo hacía.

Las entrevistas en cuestión se emitieron los días 4 y 5 de febrero de 2026 en 'Diario de la Noche', de Telemadrid, y en 'Horizonte', de Cuatro y Mediaset Infinity. Aldama habló de un sobre con el logotipo de la empresa estatal venezolana PDVSA, según recoge la querella, que ha dado a conocer el despacho de abogados Baltasar Garzón. Rodríguez niega de forma rotunda las afirmaciones: asegura que nunca tuvo conocimiento del sobre ni de su contenido y que nunca se lo entregó al empresario.

El sobre ya había llegado a la Audiencia Nacional. Aldama lo aportó en marzo al juez del 'caso Koldo', afirmando que se lo habría entregado la propia dirigente venezolana, y el magistrado le pidió que lo incorporara a la pieza secreta sobre los pagos en metálico del PSOE. Antes, en su declaración del 29 de enero ante el juez Santiago Pedraz, en el 'caso hidrocarburos', Aldama había relacionado el contenido del sobre con el sector de los hidrocarburos.

La querella subraya que el propio sobre no contiene ninguna evidencia que identifique a Rodríguez como la persona que hizo la entrega. Según la imagen que ha circulado, el documento tendría un sello de recepción de febrero de 2020 sin que conste el apellido de Aldama, y los abogados ponen el foco en la falta de información sobre la trazabilidad del documento. Un informe de la UCO recoge que Aldama dejó en custodia de su socio Luis Alberto Escolano documentación sensible relativa a PDVSA.

La defensa sostiene además que Rodríguez no está investigada en el procedimiento al que se refirió Aldama y que sus declaraciones le han atribuido falsamente una participación en hechos presuntamente delictivos. Entre las diligencias que pide figuran las grabaciones íntegras de las entrevistas y la declaración del empresario. Por tratarse de injurias con publicidad, la posible pena sería una multa de entre seis y catorce meses.

Aunque se trata de un asunto judicial que se dirime en Madrid y en la Audiencia Nacional, interesa en Bilbao y en Vizcaya por su conexión con la investigación del PSOE y de la Internacional Socialista, un asunto de alcance nacional que sigue de cerca la opinión pública vasca.

Información elaborada a partir de Deia.