El debate sobre la vivienda avanza más lento que la emergencia habitacional
El aumento de los desahucios y la escasez de vivienda protegida reavivan el debate sobre la lenta respuesta política en Navarra y la CAV.
El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba siete décadas en la misma vivienda, ha reavivado la solidaridad y la preocupación por el acceso a una casa asequible y digna. En el Estado se producen alrededor de 25.000 desahucios al año, según el texto, y esta semana se han registrado o previsto otros casos similares en localidades de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca.
El artículo señala que muchos lanzamientos están relacionados con la especulación de fondos buitre, grandes inmobiliarias y entidades bancarias, aunque también existen situaciones derivadas de ocupaciones ilegales o impagos. La vivienda se presenta así como una exigencia política, además de una cuestión social, ya que el derecho a disfrutar de una vivienda digna está recogido en el artículo 47 de la Constitución.
Las instituciones están impulsando medidas como la regulación de los alquileres de habitaciones y los contratos temporales, la declaración de zonas tensionadas para limitar los precios y nuevos instrumentos fiscales sobre las viviendas vacías. El Congreso negocia también la Ley Antidesahucios, después de que PP, Vox y Junts bloquearan su aprobación en febrero.
El texto advierte de que, si la norma sale adelante, llegará tarde para Maricarmen y para otras personas afectadas. La percepción social es que la respuesta política avanza con demasiada lentitud ante uno de los principales problemas y motivos de preocupación de la ciudadanía.
Navarra y la CAV preparan nuevas medidas, pero la demanda crece más rápido que la capacidad institucional. Un informe de la Cámara de Comptos navarra concluye que la oferta de vivienda protegida sigue siendo “muy insuficiente”: en 2025 se ofrecieron 831 pisos para más de 24.000 solicitantes inscritos, apenas el 3%. La situación resulta relevante para Bilbao como capital vasca porque el debate sobre alquileres, vivienda protegida y desahucios afecta al conjunto de la comunidad, aunque los datos concretos citados proceden de Navarra y de otros puntos de la CAV.
Información elaborada a partir de Deia.