El Gobierno fija los controles del Plan Estatal de Vivienda: datos mensuales y avisos de cada pago

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden que establece los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La norma obliga a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla a suministrar de forma continua información económica y de gestión mediante sistemas informáticos compartidos y un cuadro de mando integral único. La orden, firmada por la ministra Isabel Rodríguez, busca verificar el cumplimiento de objetivos y el uso de los fondos públicos en sus tres líneas de ayudas: incremento de la oferta social y asequible, rehabilitación, accesibilidad y renovación urbana o rural, y reducción del esfuerzo para el pago e impulso a la emancipación juvenil.

Las administraciones autonómicas deberán enviar cada mes natural los indicadores correspondientes en los primeros cinco días del mes siguiente, y además comunicar de inmediato cualquier cambio relevante, como concesiones, modificaciones, revocaciones, pagos a beneficiarios o cumplimiento de hitos. La transmisión de datos se hará de forma automatizada a través de la Red SARA, y la plataforma ministerial devolverá un acuse de recibo con validación técnica. Hasta el 1 de junio de 2027, el Ministerio podrá ofrecer herramientas alternativas si surgen dificultades técnicas, sin que ello exima a las autonomías de cumplir los plazos.

Las comunidades deberán elaborar informes trimestrales de avance antes del fin del mes siguiente al periodo evaluado, con la evolución por línea de ayuda, el grado de cumplimiento de las metas y las medidas correctoras ante posibles desviaciones. Antes del 31 de enero de cada año presentarán además un informe anual que incluya los indicadores del ejercicio, las previsiones para el año siguiente y el detalle de auditorías y controles de subvenciones, con las irregularidades detectadas y las correcciones aplicadas.

Como refuerzo del control, los órganos gestores deberán emitir certificaciones específicas para cada actuación financiada, que acrediten la permanencia indefinida del régimen de protección de las viviendas cuando la normativa lo establezca y que las adjudicaciones se tramitan mediante el registro público de demandantes o procedimientos objetivos y transparentes. La orden crea también un Centro de Atención a la Integración y Soporte dentro del departamento, como punto de contacto único para la asistencia técnica y la resolución de incidencias.

La información de la orden es de ámbito estatal y afecta a la gestión que realizan las comunidades autónomas, por lo que no introduce cambios concretos en Bilbao, aunque sí marca el marco de seguimiento de las ayudas que pueden llegar a la ciudad a través de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Información elaborada a partir de Deia.