Las comunidades prueban distintas vías para evitar o paliar los desahucios
Las comunidades aplican ayudas, mediación y vivienda pública para afrontar los desahucios, con resultados y alcance desigual.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada de la vivienda de renta antigua en la que vivió durante siete décadas en Madrid, ha vuelto a poner el foco en la respuesta de las comunidades autónomas ante la pérdida de vivienda. Las medidas son desiguales: ayudas al alquiler, mediación, ampliación del parque público, protección de las VPO y alojamientos de emergencia.
Asturias basa parte de su estrategia en las 10.370 viviendas públicas de Vipasa, todas en alquiler. El Principado prevé licitar o adjudicar otras 800 y aspira a alcanzar 15.000 inmuebles públicos en diez años. Cantabria combina su parque público con ayudas que pueden cubrir hasta el 100 % de la renta, aunque exige tener un contrato de arrendamiento en vigor.
En Castilla-La Mancha, los servicios sociales municipales analizan los casos y derivan a ayudas de emergencia, alojamientos temporales o soluciones habitacionales. El Gobierno regional asegura que los lanzamientos han bajado un 73,2 % desde 2013, hasta 740 en 2025, y que sus oficinas de intermediación hipotecaria han atendido a más de 2.500 familias.
Galicia cuenta con un Bono de Alquiler Social para personas desahuciadas y otros colectivos vulnerables, con ayudas de hasta 660 euros mensuales en las grandes ciudades. Catalunya activa recursos de emergencia junto a los ayuntamientos y ha anunciado expedientes contra empresas que convierten edificios residenciales en 'colivings'. En Baleares, la PAH reclama más alternativas tras el desahucio de una mujer de 65 años que, según la plataforma, vive en un coche.
La situación también presenta carencias. Murcia tiene mecanismos previstos en su ley de vivienda desde 2015, pero aún no ha desarrollado los reglamentos necesarios. Navarra, por su parte, ha aprobado extender indefinidamente la protección de las viviendas de protección oficial en alquiler, ante el riesgo de que unas 500 viviendas vinculadas al fondo Testa Residencial dejen de ser asequibles.
El conjunto de casos evidencia que las ayudas y la mediación pueden evitar algunos desalojos, pero no siempre garantizan una alternativa residencial estable. La información, recopilada por las delegaciones de la Agencia EFE, ofrece un panorama de medidas autonómicas que también resulta relevante para Bilbao y el conjunto de Euskadi, aunque el texto no detalla actuaciones específicas en el País Vasco.
Información elaborada a partir de Deia.