La vivienda, un problema histórico que vuelve a tensionar a Cádiz
El debate sobre los desahucios recuerda en Cádiz los casos de Benjumeda y la histórica crisis de vivienda de la ciudad.
El debate sobre el acceso a la vivienda vuelve a ocupar el centro de la actualidad tras el desahucio de una mujer de 87 años, Maricarmen, en un caso que ha enfrentado a distintas administraciones. El texto recuerda que en España se producen 25.000 desahucios al año y que serían necesarias 700.000 viviendas.
La situación conecta con un episodio ocurrido hace 11 años en la calle Benjumeda de Cádiz, cuando varios concejales y activistas vinculados a Por Cádiz Sí Se Puede intentaron impedir el acceso de la Policía a una vivienda. Finalmente se ejecutó el desahucio y, según el artículo, los inquilinos acumulaban años sin pagar el alquiler mientras la propietaria era una mujer mayor cuyo único ingreso procedía de esa renta.
A raíz de aquel caso, el entonces alcalde José María González, Kichi, alcanzó un acuerdo con el juez decano de Cádiz para tratar de evitar desahucios sin una alternativa habitacional, es decir, sin ofrecer una vivienda a las personas afectadas.
El problema no es nuevo en la ciudad. El artículo recuerda que hace 35 años llegaron a Cádiz empresas que compraban fincas con vecinos de renta antigua y los intimidaban para expulsarlos, una práctica conocida como «asustaviejas» y que afectaba especialmente a personas mayores, casi siempre mujeres.
También repasa las dificultades residenciales de décadas anteriores. En los años sesenta, Añoveros hablaba de «chabolismo vertical», pese a que durante los años cincuenta y sesenta se construyeron en Cádiz barrios y grupos de viviendas como La Paz, Guillén Moreno, Cerro del Moro, Barriada España y promociones vinculadas a Astilleros, además de viviendas para maestros y militares.
El texto critica que las administraciones se responsabilicen mutuamente del caso de Maricarmen y cuestiona las propuestas planteadas, entre ellas la expropiación de la vivienda que ocupaba. También señala que 50 altos cargos de la Junta de Andalucía reciben 2.000 euros mensuales como ayuda para vivienda.
Información elaborada a partir de Diario de Cádiz.