Montero exige explicaciones por el control del gasto de la Junta entre 2020 y 2024
Montero reclama explicaciones a la Junta por el control de 37.291 millones de euros, mientras el Gobierno andaluz defiende su gestión.
La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reclamado explicaciones inmediatas a la Junta tras el informe de la Cámara de Cuentas sobre el cambio del control previo al control financiero permanente del gasto público entre 2020 y 2024. Montero ha cifrado en 37.291 millones de euros los fondos afectados y ha señalado que el 80% corresponde al Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La dirigente socialista ha defendido que la fiscalización previa permite a la Intervención de la Junta revisar el expediente antes del gasto y, en su caso, paralizarlo, mientras que el control financiero permanente se realiza después de que el dinero se haya gastado. Por ello, ha reclamado que se fiscalice “hasta el último euro” del SAS.
Montero ha relacionado el debate con el caso de los ERE y ha afirmado que entonces se consideraba que el cambio de modalidad podía responder a la voluntad política de “saltarse los controles”. Según su lectura del informe, de los 188 informes de fiscalización analizados por la Cámara de Cuentas solo 12 fueron favorables y 134 presentaron salvedades.
También ha asegurado que en el 100% de los supuestos estudiados se detectó un uso incorrecto del contrato menor, con errores contables, de pago y de trazabilidad, además de falta de información, fraccionamiento indebido de contratos o prórrogas no previstas. La socialista ha preguntado qué medidas adoptó la Junta tras recibir los informes de actuación sobre residencias de mayores y la Plataforma Logística Sanitaria de Huelva.
La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha respondido que el informe únicamente señala “defectos formales” y “ni un solo euro desviado”. España ha añadido que la Cámara de Cuentas no pide recuperar la fiscalización previa y ha recordado que Montero defendió en su etapa como consejera que el control financiero era más ágil.
El Gobierno andaluz sostiene que el control financiero permanente es más exhaustivo y que las recomendaciones del informe ya se han aplicado. También afirma que el grueso del cambio se realizó bajo gobiernos socialistas, en enero de 1993. La polémica afecta al conjunto de Andalucía y, por tanto, a la gestión de fondos y servicios públicos que también repercuten en la provincia de Cádiz.
Información elaborada a partir de Europa Sur.