UGT acusa al Gobierno de Cádiz de asumir funciones técnicas y administrativas

UGT ha denunciado que varios concejales del Ayuntamiento de Cádiz estarían ejerciendo de hecho funciones propias de empleados públicos al coordinar áreas municipales como Medio Ambiente, Cultura y Juventud. El sindicato reclama que estas responsabilidades se cubran mediante los mecanismos legales y con personal profesional.

En Medio Ambiente, UGT recuerda sus críticas anteriores a la concejala Loli Pavón y asegura que la intervención política en la gestión provocó la dimisión del director del área. El sindicato lamenta que todavía no se haya designado a una persona para ocupar esa dirección y recuperar la estructura del departamento.

Respecto a Cultura, la organización sostiene que la concejala Maite González está asumiendo en la práctica la dirección del programa Orgullosos de Nuestra Historia, cuya estructura, según UGT, lleva más de un año sin crearse. También cuestiona que sus actividades se mantengan mediante servicios extraordinarios voluntarios, en lugar de contar con una dirección y una estructura profesional estable.

En Juventud, UGT afirma que la concejala Gloria Bazán asumirá la dirección tras el permiso previo a la jubilación de su actual responsable. El sindicato se pregunta si no existen funcionarios o procedimientos legales para cubrir estos puestos y defiende que los concejales deben dirigir políticamente, mientras que la gestión administrativa corresponde a los empleados públicos.

Además, UGT acusa al alcalde, Bruno García, de actuar como director de Personal al desviar durante su jornada laboral a trabajadores de otras delegaciones para realizar funciones vinculadas al evento Cádiz Emporio del Orbe. El sindicato considera que esta práctica supone un abuso de la plantilla y que podría dar lugar al abono de productividad previsto en el artículo 40 del acuerdo regulador.

UGT exige que las direcciones de área tengan estabilidad y que sus funciones no sean asumidas de facto por responsables políticos. También critica el silencio de los grupos de la oposición, PSOE y AIG, a los que acusa de estar más centrados en las redes sociales que en fiscalizar estas prácticas.

Información elaborada a partir de Diario de Cádiz.