El centro juvenil de Punta Brava niega que aloje permanentemente a migrantes
El propietario del centro de Punta Brava afirma que los jóvenes migrantes reciben formación y no permanecen alojados de forma permanente.
El propietario y gerente del centro juvenil de Punta Brava, Pedro Garijo, aseguró en una reunión con representantes vecinales que las instalaciones no están destinadas al alojamiento permanente de menores migrantes. Según explicó, el centro desarrolla un proyecto de formación con jóvenes alojados temporalmente a través de la Fundación Antonio Moreno.
En el encuentro, celebrado en la Asociación de Vecinos de Punta Brava a petición de colectivos de la zona, participaron representantes de las asociaciones vecinales de Punta Brava, El Carmolí y Los Urrutias, además de miembros de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Cartagena y Comarca.
Garijo señaló que los jóvenes reciben formación fuera del centro y regresan después a las instalaciones, concebidas para campamentos juveniles, viajes de fin de curso y actividades náuticas para grupos. La programación de ocupación está prevista especialmente para los meses de primavera y Semana Santa.
La Federación indicó que los representantes vecinales consideraron razonables las explicaciones ofrecidas en un clima de diálogo. También afirmó que durante la reunión no se trasladaron hechos concretos que permitieran atribuir a los jóvenes comportamientos peligrosos o contrarios a la convivencia. El propietario facilitó su teléfono para atender posibles incidencias.
La Federación y las asociaciones vecinales aseguraron que seguirán pendientes de la evolución de la situación y reclamaron que la actividad se ajuste a la finalidad formativa y a las características de las instalaciones. Añadieron que cualquier cambio sustancial debería abordarse por los cauces correspondientes.
Vox, por su parte, sostuvo que la reunión no sustituye a la obligación del Ayuntamiento de mostrar los documentos y licencias del inmueble. La moción aprobada en el último Pleno pide comprobar la actividad desarrollada, la entidad gestora, el uso y la capacidad autorizados, las licencias y el cumplimiento de las condiciones urbanísticas, de seguridad y salubridad.
Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.