Argüeso recurre el archivo de su queja contra la jueza de la dana por la presencia de su marido

El ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado junto a la exconsellera Salomé Pradas en la causa por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, ha recurrido ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el archivo de su queja contra la jueza Nuria Ruiz Tobarra, instructora del procedimiento. La queja denunciaba la presunta intromisión de su marido, también magistrado, durante las declaraciones de víctimas y afectados por la riada. El recurso de alzada, presentado por el abogado José María Bueno, se dirige contra la resolución de archivo dictada por el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, notificada a la defensa a principios de octubre de 2026.

Según el escrito al que ha tenido acceso Las Provincias, la defensa solicitó en julio de 2025 al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, cuya titular es Ruiz Tobarra, que la letrada de la administración de justicia certificara la presencia e intervención activa de un tercer magistrado en varios interrogatorios, y pidió la declaración de las víctimas para aclarar esa intromisión. La jueza denegó la diligencia en un auto de 1 de septiembre de 2025 y ordenó la apertura de una pieza separada de sanción contra el abogado defensor, a quien acusó de orquestar una «estrategia de defensa burda» y de verter comentarios machistas, según recoge el texto. Además, expulsó del procedimiento a la acusación particular Manos Libre, que se había adherido a la petición.

La defensa sostiene que durante la tramitación de la queja se aportaron audios, testimonios escritos de víctimas y publicaciones de prensa que, a su juicio, indican que el magistrado dirigió interrogatorios y dio instrucciones a su esposa en la sala de vistas. Según el escrito, la postura inicial de la instrucción fue de «negación categórica» de cualquier presencia, pero tras aparecer pruebas gráficas la versión «evolucionó» hacia la admisión de su presencia física, justificada por el «desgaste emocional» de la jueza. Otro argumento es que la letrada de la administración de justicia consultada no estaba en la sala en el momento de los hechos denunciados, y que la falta de reflejo de esa presencia en las actas confirmaría, según la defensa, la irregularidad investigada.

Argüeso pide que se declare nula la resolución de archivo, que se investigue la contradicción entre los escritos presentados ante el CGPJ por las víctimas y lo que estas habrían manifestado en entrevistas en medios de comunicación, y que las pesquisas sobre el papel del marido de la jueza continúen. La representación legal también plantea que, si se acredita la intervención del magistrado ajeno a la causa, se abra un expediente disciplinario tanto contra Ruiz Tobarra como contra su pareja.

Para Catarroja, la noticia afecta directamente al día a día del juzgado de instrucción número 3 de la localidad, donde se tramita la causa de la dana, una de las más relevantes para los vecinos y las familias afectadas por la riada. Los planteamientos sobre la imparcialidad de la instrucción y la actuación de sus responsables se producen en un procedimiento que sigue abierto y que, por ahora, no ha dictado ninguna decisión definitiva sobre las acusaciones planteadas.

Información elaborada a partir de Las Provincias.