Ayuso estudia acciones legales contra los decretos estatales de vivienda
Ayuso estudiará recurrir los decretos estatales de vivienda y anuncia una ley madrileña para reducir cargas administrativas.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que estudiará los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros y que empleará «todos los instrumentos jurídicos» a su alcance para combatir unas medidas que considera una amenaza para la propiedad privada, la seguridad jurídica y el libre mercado.
Durante la clausura del congreso del Instituto de la Empresa Familiar, Ayuso explicó que su Gobierno analizará el contenido de las nuevas disposiciones antes de decidir los pasos que dará. «Vamos a estudiar detenidamente el texto que se ha aprobado en el Consejo de Ministros y vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos a nuestro alcance», afirmó.
La advertencia abre la posibilidad de una impugnación y anticipa un nuevo choque institucional con el Ejecutivo central en materia de vivienda. Ayuso vinculó las medidas a una mayor intervención pública en la economía y sostuvo que podrían afectar a la confianza de propietarios e inversores.
La presidenta madrileña defendió la vivienda como uno de los principales instrumentos de ahorro de las clases medias y reclamó preservar la propiedad privada y la seguridad jurídica. También criticó la presión regulatoria sobre empresas, autónomos y propietarios, a la que responsabilizó de dificultar la planificación empresarial y reducir la competitividad.
Además, Ayuso avanzó una ley contra la «hiperregulación» que obligará a compensar cada nueva carga administrativa con la eliminación de otra de coste equivalente. La norma fijará dos fechas anuales de entrada en vigor para las nuevas obligaciones, el 2 de enero y el 1 de julio, e incluirá fechas de caducidad para determinadas regulaciones.
La presidenta también reivindicó las 35 rebajas fiscales aprobadas por su Ejecutivo y la ley de empresa familiar, que eleva del 95% al 99% las bonificaciones en los impuestos de sucesiones y donaciones para estas compañías. La información afecta a Córdoba por tratarse de una decisión y un conflicto de ámbito nacional con posibles implicaciones para las políticas de vivienda en todo el país, aunque el anuncio procede del Gobierno madrileño.
Información elaborada a partir de El Día de Córdoba.