Madrid enfrenta al Gobierno central por el acceso social a la acampada de Sol

La consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha acusado a «grupos violentos» de impedir la entrada de los Servicios Sociales en la acampada de la Puerta del Sol. Según ha defendido, antes de atender a posibles personas vulnerables habría que levantar el campamento.

Dávila ha respondido así al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien alertó de la presencia de personas sin hogar en la acampada, una situación que calificó de «drama adicional» para la ciudad, y pidió al Ayuntamiento que ofreciera «respuestas precisas».

La consejera ha asegurado que desconoce si hay personas que necesiten atención social dentro del campamento porque, según su versión, los grupos violentos no permiten el acceso de los servicios públicos. También ha reclamado al Gobierno de España que desaloje la zona para poder intervenir.

En un contexto electoral ante los comicios generales del 29 de noviembre, Dávila ha acusado a grupos de la izquierda y la ultraizquierda de alentar «el odio personal» y de intentar impedir que las elecciones se celebren de forma democrática. Sus declaraciones se producen mientras la Fiscalía de Madrid investiga posibles delitos de odio, amenazas e injurias contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La consejera ha insistido en que la acampada causa «daño» en una plaza que «es de todos» y ha pedido retirarla por seguridad y para garantizar la normalidad de los comerciantes. También ha acusado a esos grupos de buscar la violencia en las calles y ha reclamado al Gobierno central que actúe.

La información, de ámbito madrileño, se publica en Córdoba por tratarse de un asunto de política nacional y de gestión de servicios sociales con repercusión en el debate público que también siguen los vecinos de la capital cordobesa.

Información elaborada a partir de Diario Córdoba.