El PNV mantiene su apoyo al decreto de vivienda tras introducir cambios

El Grupo Vasco (EAJ-PNV) mantendrá su voto favorable al Decreto-ley de medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible, aprobado este martes por el Consejo de Ministros. La formación considera que el texto incorpora varias de sus propuestas técnicas, entre ellas medidas de protección para los pequeños propietarios.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, explicó en Bilbao que este respaldo no supone un cheque en blanco. El partido rechaza el segundo decreto-ley del Ejecutivo español, que plantea la renovación automática de los contratos de arrendamiento, al considerar que perjudicaría a los propietarios y reduciría la oferta de alquiler.

Vaquero definió el primer decreto como un “parche” que no resuelve el problema estructural del acceso a la vivienda. Según los datos citados por la portavoz, los pequeños propietarios aportan el 81% de las viviendas en alquiler de Euskadi, mientras que el parque público representa el 16%, el doble de la media estatal, aunque todavía insuficiente.

Entre los cambios negociados por el PNV figura la limitación de las compras de fondos buitre por debajo del 70% del valor de mercado, con el objetivo de proteger a los inquilinos con menos recursos. El texto también regula el alquiler de temporada, una modalidad que Vaquero considera una vía de salida de vivienda habitual del mercado residencial.

La formación recordó que en Euskadi las fianzas de los alquileres habituales han caído casi un 28%, mientras que las correspondientes a contratos temporales han aumentado más de un 52%. El debate afecta también a Donostia-San Sebastián, como capital guipuzcoana y una de las ciudades vascas donde el acceso al alquiler forma parte de las principales preocupaciones sociales, aunque el texto no aporta datos específicos de la ciudad.

El PNV sostiene que será necesario construir más vivienda y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios. Vaquero advirtió de que la prórroga forzosa de los contratos podría retraer la oferta de alquiler, limitar las opciones de quienes buscan vivienda y resultar perjudicial para el conjunto de la ciudadanía.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.