El TJUE avala que España limite la segunda oportunidad por deudas fiscales
El Abogado General del TJUE avala que España limite la cancelación de deudas fiscales, aunque pide respetar la proporcionalidad.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que la normativa comunitaria no obliga a los jueces españoles a dejar de aplicar la ley que impide cancelar determinadas deudas con Hacienda, aunque entiendan que esa prohibición puede ser desproporcionada.
El caso parte de una pareja que pidió acogerse al mecanismo de segunda oportunidad para cancelar sus deudas. La Agencia Tributaria se opuso a conceder el beneficio al hombre, que debía más de 40.000 euros en impuestos de una empresa de la que había sido administrador y por los que había sido declarado responsable.
La legislación española impide beneficiarse de este procedimiento cuando, en los diez años anteriores, una persona ha sido declarada responsable de deudas tributarias mediante una resolución firme, salvo que haya abonado íntegramente las cantidades reclamadas. La pareja consideró desproporcionado que esa circunstancia impidiera cancelar todas sus deudas.
La Audiencia Provincial de Valladolid, que también ve excesiva la prohibición, planteó el asunto a la Justicia europea. El Abogado General sostiene que los Estados miembros pueden decidir en qué supuestos se limita la cancelación de deudas y que la normativa europea no establece un derecho absoluto a la segunda oportunidad.
No obstante, recuerda que los tribunales españoles deben comprobar si las restricciones son proporcionadas e intentar interpretar la legislación nacional de forma compatible con el Derecho de la Unión. También señala que existen decisiones contradictorias de órganos judiciales españoles sobre esta cuestión.
Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes. Los jueces del TJUE deberán dictar una sentencia que servirá de referencia para que la Audiencia Provincial de Valladolid resuelva el litigio entre la pareja y la Agencia Tributaria. La decisión afecta a la aplicación de la normativa estatal y se publica también en Donostia-San Sebastián como capital guipuzcoana, aunque el procedimiento judicial se tramita fuera de Euskadi.
Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.