La ley permite instalar placas solares en comunidades con el apoyo de un tercio

Las comunidades de vecinos pueden instalar placas solares para producir energía renovable, tanto para cubrir el consumo del edificio como para abastecer a viviendas particulares o combinar ambos usos. La decisión y el reparto de los costes dependen del tipo de instalación y del acuerdo adoptado.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) define el autoconsumo colectivo como una instalación que distribuye la electricidad entre varios consumidores según un reparto acordado. En las comunidades de propietarios, los paneles pueden ser propiedad de toda la comunidad o únicamente de los vecinos que participen en el proyecto. Un contador determina cuánta energía se genera y cómo se reparte.

El artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, modificado por el Real Decreto-ley 19/2021, establece que la instalación de sistemas comunes o privativos de aprovechamiento de energías renovables puede aprobarse a petición de cualquier propietario con el respaldo de un tercio de los integrantes de la comunidad, siempre que representen también un tercio de las cuotas de participación.

La norma señala que los propietarios que no hayan votado expresamente a favor no pueden asumir el coste de la instalación, su adaptación, conservación o mantenimiento. Si posteriormente desean acceder al suministro energético y utilizar las nuevas infraestructuras, podrán hacerlo abonando la cantidad que les hubiera correspondido, actualizada y con el interés legal aplicable.

Según recoge Repsol, cuando el uso de los paneles es comunitario se necesita el 50% de los votos favorables en la junta. En ese caso, todos los propietarios deben asumir el pago y se benefician del ahorro a partes iguales, con un coste total anual que no puede superar nueve mensualidades de gastos comunes. Si el uso es privado para uno o varios propietarios, basta con el apoyo de un tercio de la junta y solo pagan y reciben la energía quienes participan.

La posibilidad de aplicar estas instalaciones afecta también a comunidades de vecinos de Donostia-San Sebastián y del resto de Gipuzkoa, donde deberán atender a las mayorías y condiciones previstas en la legislación estatal antes de poner en marcha un proyecto de autoconsumo.

Información elaborada a partir de Noticias de Gipuzkoa.