La Justicia mantiene el bloqueo de unas 200 propiedades de Ávila Rojas vendidas a un fondo

La sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella mantiene las medidas cautelares que protegen a los propietarios de más de 196 inmuebles que pertenecieron a la empresa granadina Ávila Rojas, bienes implicados en una presunta estafa inmobiliaria. En un auto reciente, la jueza confirma que la medida sigue siendo pertinente al constatar indicios delictivos y riesgo de dispersión patrimonial.

La causa penal se originó tras la denuncia de un particular que advirtió la supuesta venta fraudulenta de su vivienda. Un vecino de la urbanización Parque del Genil comprobó a través del Catastro que su casa, escriturada y pagada íntegramente en los años 70 pero nunca inscrita en el Registro de la Propiedad, figuraba a nombre de un fondo de inversión. Según el texto, el caso se agravó cuando un empresario que adquirió los restos de la promotora acudió a los domicilios para reclamar los inmuebles mediante presuntas coacciones, lo que llevó a denunciar los hechos ante la Policía Nacional.

La investigación judicial, abierta en Marbella, examina posibles delitos de estafa inmobiliaria, falsedad documental y blanqueo de capitales. Constan como investigados, por ahora, el empresario José Ávila Rojas, el apoderado de la mercantil, el comprador del patrimonio, el notario que firmó la operación y varias empresas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional estima que cerca de 190 propietarios de Granada, Almuñécar, Motril, Salobreña, Marbella o Estepona podrían encontrarse en una situación similar.

La venta del patrimonio al fondo de inversión se fraguó en mayo de 2025 e incluía seis fincas de Marbella y otras propiedades no detalladas. Según los investigadores, la escritura de concreción se habría realizado de forma unilateral por el administrador del fondo, que habría usado la información del Registro de la Propiedad para reclamar todo el parque inmobiliario. Después, los activos se habrían desviado a otras sociedades de su entorno empresarial.

El principal investigado ha presentado recursos y pide el alzamiento de las prohibiciones de disponer sobre los bienes sin vinculación objetiva con los hechos. Su defensa sostiene que no puede usarse esa medida como mecanismo meramente exploratorio, y alega que el bloqueo provoca una parálisis económica que perjudica la tesorería y la relación con los bancos.

Por otra parte, según la versión de la promotora granadina, las partes formalizaron en 2026 un instrumento notarial que excluía de la operación los inmuebles cuya transmisión previa pudiera acreditarse. Al tener conocimiento de posibles actos de disposición sobre algunas de esas fincas, Ávila Rojas promovió un requerimiento notarial para que cesaran, requerimiento que, según sus palabras, «lamentablemente, no fue atendido».

Información elaborada a partir de Ideal.