El Defensor pide al Constitucional proteger el voto de los nacionalizados por la ley de nietos
El Defensor del Pueblo recurre al Constitucional la suspensión del voto para nacionalizados por la ley de nietos en las elecciones del 29 de noviembre.
El Defensor del Pueblo ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del derecho al voto de las personas nacionalizadas mediante la Ley de Memoria Democrática. La institución solicita medidas cautelarísimas para que puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
El recurso se dirige contra la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el pasado 12 de octubre, que mantuvo la suspensión cautelar del voto para los nacionalizados por la llamada ley de nietos. La medida afecta a 163.020 personas, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.
El Defensor también pide al Constitucional que se pronuncie sobre la interpretación del Supremo respecto a la suspensión de este derecho fundamental. La decisión se produce después de que particulares y entidades presentaran solicitudes de amparo ante la institución.
Ángel Gabilondo defendió la pasada semana que la nacionalidad española lleva aparejado el derecho al voto. “Si eres español, tienes derecho al voto”, afirmó, al tiempo que rechazó establecer distintos grados de españolidad para decidir quién puede ejercer el sufragio.
La Junta Electoral Central acordó este jueves enviar la documentación electoral del 29 de noviembre a todas las personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, aunque advirtió de que quienes estén afectados por la suspensión del Supremo no podrán votar. Algunos de los más de 160.000 nacionalizados por la ley de nietos sí podrán hacerlo si cumplen los requisitos fijados por el alto tribunal.
La decisión afecta también a los españoles residentes en el extranjero vinculados a Huelva, aunque el texto no ofrece datos concretos sobre el número de personas de la provincia implicadas. La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían pedido permitir el voto por la “imposibilidad material” de revisar los casi 170.000 expedientes afectados.
Información elaborada a partir de Huelva Información.