El Supremo impide votar el 29-N a 163.020 nacionalizados por la ley de nietos
El Supremo mantiene la suspensión del voto para 163.020 nacionalizados por la ley de nietos en las elecciones generales del 29 de noviembre.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de reposición presentado por la Abogacía del Estado, con el apoyo de la Fiscalía, y mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de 163.020 personas nacionalizadas mediante la llamada ley de nietos. Estos electores no podrán participar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
La decisión implica que el censo válido para los comicios será el cerrado el 1 de agosto. La medida cautelar había sido solicitada por Iustitia Europa y Vox y fue acordada inicialmente por el Alto Tribunal el pasado 10 de septiembre.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado habían reclamado que se permitiera votar ante la «imposibilidad material» de revisar los casi 170.000 expedientes afectados. Sin embargo, la Sala considera que no se ha acreditado el cumplimiento de la orden de desglosar los expedientes vinculados a la aplicación directa de la ley y los aprobados al amparo de una instrucción posterior.
El Supremo sostiene que no puede alegarse imposibilidad material cuando el incumplimiento depende de la Administración responsable y afirma que persiste el riesgo de una constitución irregular del censo de electores. Para la Sala, preservar la regularidad del proceso electoral y la relación de electores inscritos debe prevalecer sobre el derecho de sufragio de las personas afectadas.
La ley de memoria democrática, aprobada el 19 de octubre de 2022, permite a hijos y nietos de españoles de origen optar a la nacionalidad si cumplen determinados requisitos relacionados con el exilio. Una instrucción aprobada una semana después presumió esa condición para los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955.
La resolución cuenta con el voto particular de la magistrada Alicia Millán, que considera que el adelanto electoral exige revisar la suspensión porque afecta directamente a un proceso concreto e inmediato y al ejercicio de un derecho fundamental. Los dos autos deberán publicarse con urgencia en el BOE y en el Tablón Edictal Judicial Único, donde los interesados podrán personarse y presentar alegaciones en un plazo de cinco días hábiles.
Información elaborada a partir de Huelva Información.