La Justicia ordena instalar un videoportero en una comunidad de Huelva

La Audiencia Provincial de Huelva ha confirmado que una comunidad de propietarios de la capital debe instalar un sistema de videoportero para mejorar la accesibilidad de una vecina con hipoacusia bilateral y un grado reconocido de discapacidad del 33%.

La Sección Segunda ha desestimado el recurso presentado por la comunidad y ha ratificado íntegramente la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Huelva, que anuló el acuerdo de la junta en el que se rechazó esta medida.

El conflicto comenzó después de que se averiara el anterior portero electrónico. La propietaria pidió sustituirlo por un videoportero, ya que permite identificar visualmente a la persona que llama. Sin embargo, la mayoría de la junta optó por instalar un telefonillo convencional, de menor coste.

La Audiencia recuerda que la Ley de Propiedad Horizontal establece como obligatorias las actuaciones necesarias para garantizar ajustes razonables de accesibilidad universal cuando las solicitan propietarios con discapacidad o mayores de 70 años, siempre que la cuota repercutida no supere doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

En este caso, la comunidad deberá asumir conjuntamente los costes hasta el límite legal de esas 12 cuotas, fijado en 1.200 euros. El importe que exceda de esa cantidad por la instalación de monitores de vídeo en las viviendas será abonado por la vecina solicitante o por los propietarios que voluntariamente decidan contar con la señal de vídeo.

El tribunal también rechaza que la propietaria careciera de legitimación para impugnar el acuerdo, ya que votó expresamente en contra, e impone a la comunidad las costas de la segunda instancia.

Información elaborada a partir de Huelva Información.