Bruselas llevará al TJUE el peaje del Huerna por las concesiones de la AP-66
Bruselas elevará al TJUE el expediente sobre las concesiones del peaje del Huerna y la AP-9, que considera ilegales por las prórrogas de 2000.
La Comisión Europea mantiene su procedimiento contra los contratos de concesión de la autopista del Huerna (AP-66) y de la del Atlántico (AP-9) y, según ha trasladado a la Xunta de Galicia, elevará el expediente «a corto plazo» al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La información, publicada por Leonoticias, recoge que el encuentro entre los servicios jurídicos comunitarios y la consejera gallega de Vivienda y Planificación de las Infraestructuras, María M. Allegue, tuvo lugar el miércoles, y que la Xunta confirmó el anuncio en un comunicado.
El origen del conflicto está en el dictamen motivado que los juristas de Bruselas emitieron el 17 de julio de 2025. En él se considera que las prórrogas de las concesiones aprobadas por el Consejo de Ministros en el año 2000, durante el Gobierno de José María Aznar, vulneraron la legislación comunitaria. Esas ampliaciones alargaron 25 años el periodo concesional de la AP-9 y 29 años el de la AP-66, hasta 2048 y 2050 respectivamente, según informa El Comercio.
Para la Comisión, con las directivas vigentes entonces no era posible modificar de esa forma un contrato en curso; lo que correspondía era licitar un nuevo contrato para que otros inversores pudieran optar a la concesión durante el periodo adicional. Bruselas no cuestiona el derecho del Estado a cobrar peajes en estas infraestructuras, sino el procedimiento empleado para ampliarlas.
La investigación comunitaria también se extiende a la posterior privatización del holding público al que pertenecían las concesionarias. Según el dictamen, las prórrogas se habrían activado para incrementar el valor de esa venta, y el proceso no cumplió las exigencias de publicidad en el diario de la UE, lo que impidió que inversores de otros países concurrieran a la puja. El Gobierno de Pedro Sánchez había defendido que era aplicable la excepción 'in-house', al tratarse entonces de empresas del sector público.
El Ministerio de Transportes, dirigido entonces por Óscar Puente, respondió en septiembre de 2025 defendiendo la legalidad de lo hecho por los gobiernos anteriores y anunció que agotaría las opciones de respuesta y, llegado el caso, recurriría. El secretario de Estado José Antonio Santano justificó la postura alegando que eliminar el peaje tendría un coste milmillonario para los ciudadanos. Pese a las presiones de los gobiernos autonómicos de Galicia, Asturias y Castilla y León, el asunto pasó a una fase de negociación discreta que, según la Xunta, Bruselas ya da por cerrada.
Información elaborada a partir de Leonoticias.