Operativo de desokupación en la calle Carmelitas del Centro de Málaga y familias que se niegan a irse
Un operativo de desokupación en la calle Carmelitas, en el Centro de Málaga, pone en apuros a cinco familias que viven en un edificio vacío.
En la mañana de este miércoles, un operativo de una empresa de 'desokupación', formado por más de una docena de efectivos vestidos de negro, se desplegó en la calle Carmelitas, a un paso de Carretería, en el Centro de Málaga. Su objetivo era el número 20, un edificio de cinco viviendas donde residen cinco familias que reconocen estar allí como okupas desde hace cerca de dos años.
Una de las residentes explicó a Diario Sur que el inmueble estaba recién terminado o en obras y vacío, y que decidieron instalarse para evitar que lo ocupara otra persona para consumir drogas en el portal. Según ellas, en el bloque viven mujeres embarazadas y menores.
Un hombre que representaba a la propiedad afirmó que los ocupantes han cometido un delito de usurpación y que tienen sentencia firme, y declinó hacer más declaraciones. El portavoz de la empresa, por su parte, aseguró que su intención es negociar amistosamente: según su versión, ofrecen entre 4.000 y 6.000 euros a cada familia, mientras que los vecinos piden 20.000 euros. Los residentes replicaron que no se irían «ni por 10.000 euros» y reclamaron alquileres sociales de 300 o 400 euros, al considerar imposibles los precios actuales en Málaga. Muchos de ellos reconocieron percibir el Ingreso Mínimo Vital o trabajar en empleos temporales y precarios.
Los vecinos denunciaron que los efectivos llegaron de forma violenta, golpeando puertas y cortando conexiones eléctricas, y que impidieron el paso a una mujer embarazada. Por su parte, el portavoz de la empresa aseguró haber recibido amenazas. La Policía Nacional acudió al lugar y se desplegó en la plaza de la escritora Rosa Chacel, en una labor que parecía de mediación.
Las familias aseguran que no abandonarán la vivienda sin una alternativa habitacional y sin una orden judicial de desalojo, que afirman no haber recibido todavía. El desenlace fue pacífico: la empresa y el representante de la propiedad se marcharon por un lado y la policía por otro. El episodio, según los vecinos, no es el primero en el barrio y temen que tampoco sea el último.
Información elaborada a partir de Diario Sur.