Investigan en Mazarrón la transformación de 47 hectáreas en regadío
Un juzgado investiga en Mazarrón la roturación de 47 hectáreas para regadío y solicita informes sobre su posible impacto ambiental.
El Tribunal de Instancia de Totana investiga a cuatro empresas agrícolas y a dos de sus administradores por la roturación de 47 hectáreas de terreno de secano y estepa para transformarlas en regadío en el paraje de Cañadas del Romero, en Mazarrón. La jueza aprecia indicios de un posible delito contra el medio ambiente.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada en julio de 2024 por Ecologistas en Acción, personada en la causa mediante el abogado José Manuel Muñoz Ortín. La organización sostiene que la zona es sensible por la presencia de aves esteparias y rapaces, entre ellas el cernícalo primilla y el sisón, catalogados como especies en peligro de extinción, además del aguilucho cenizo y la ganga ortega, considerados vulnerables.
En un auto fechado el 16 de octubre, la instructora prohíbe retirar o modificar la balsa, el cabezal de riego, contadores, tuberías, bombas, generadores y otros elementos de la infraestructura hidráulica existente, salvo autorización judicial. También impide alterar el estado físico de las parcelas o realizar actuaciones que dificulten la inspección y la valoración de un posible daño ambiental.
El juzgado ha solicitado informes al Seprona, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Mazarrón y la Comunidad de Regantes de Mazarrón. Entre otras cuestiones, pide determinar si las parcelas tenían derechos de riego, si existían autorizaciones para el suministro de agua y si la transformación requería evaluación ambiental. También reclama información sobre la afección a la biodiversidad, los recursos hídricos y el coste de una eventual restauración.
Las empresas investigadas son Empresa Agrícola Minamar SA, Pinilla Green SL, Casa TEjada SL, Explotaciones El Saladillo SL y Bionutra SL. El texto cita a cuatro compañías, aunque enumera cinco sociedades.
La jueza ha rechazado por ahora suspender la actividad agrícola, prohibir nuevas roturaciones o ampliaciones de regadío y exigir una fianza o un embargo preventivo. Ecologistas en Acción, la Fiscalía y las demás partes personadas pueden recurrir estas decisiones. La organización afirma que al menos 1,5 hectáreas incluían hábitats prioritarios y que la normativa ambiental exige evaluar las transformaciones a regadío superiores a diez hectáreas.
Información elaborada a partir de La Verdad.