El Gobierno pide al Consejo de Estado dictamen sobre el decreto de centros de datos antes del 5 de noviembre

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto que regulará los nuevos centros de datos y le ha pedido que emita su dictamen antes del próximo jueves, 5 de noviembre. El Ejecutivo ha reelaborado el texto para suavizar parcialmente las exigencias ambientales y de seguridad digital, tras las críticas del sector tecnológico y el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que pedía moderar algunas obligaciones.

La tramitación se hace por la vía de urgencia, lo que reduce al mínimo los plazos para los informes preceptivos. El Gobierno pretende aprobar el decreto antes de las elecciones del 29 de noviembre y, si no lo consigue, no descarta sacarlo adelante estando en funciones, siempre que obtenga el visto bueno de la Abogacía del Estado. Patronales, empresas y administraciones deben presentar sus alegaciones con muy pocos días para estudiar el contenido. La norma participan los ministerios para la Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía, y está liderada por la vicepresidenta Sara Aagesen.

El nuevo borrador mantiene el objetivo de filtrar la avalancha de proyectos de centros de datos en España para que sigan adelante solo los más sostenibles. Sin embargo, modera las exigencias más polémicas: da cinco años a los centros para cumplir la obligación de que el 80% de su electricidad sea renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar su desconexión si es necesario para proteger el sistema eléctrico. Además, los requisitos verdes solo se aplicarían a los centros de más de 10 megavatios, frente al umbral de 1 megavatio de la primera versión.

Pese a los cambios, el sector no ha quedado conforme. Los grandes operadores han expresado su "rechazo absoluto y masivo" a la nueva formulación y anticipan la paralización de inversiones multimillonarias previstas en España. La patronal SpainDC, que agrupa a Amazon, Google o Microsoft, prepara una batalla legal escalonada: denunciará ante el Consejo de Estado los defectos de la norma y de su tramitación urgente, pedirá que la CNMC vuelva a estudiar el texto y aspira a que la Comisión Europea lo examine, lo que retrasaría la aprobación al menos tres meses.

Tras una eventual aprobación, el sector anuncia también acciones judiciales con posibles medidas cautelares para paralizar el decreto y reclamaciones de indemnizaciones para compensar las inversiones ya ejecutadas.

Aunque se trata de una norma de ámbito estatal, afecta a todo el país, incluida la Región de Murcia, como comunidad en la que también pueden plantearse proyectos de este tipo. El texto no recoge detalles específicos sobre la Región.

Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.