La Fiscalía pide archivar la causa contra agentes y forenses de Murcia
La Fiscalía pide archivar la causa contra policías, guardias civiles y forenses investigados en la trama de repatriación de cadáveres en Murcia.
La Fiscalía ha solicitado al magistrado del Tribunal de Instancia de Cartagena que archive provisionalmente la causa respecto a los médicos forenses, policías nacionales y guardias civiles investigados por su presunta relación con una trama de repatriación irregular de cadáveres de inmigrantes magrebíes fallecidos en el mar.
La investigación, iniciada hace dos años y medio, afecta a empleados de funerarias y funcionarios de la Región de Murcia, Almería y otras provincias. La organización habría realizado trámites y contratos ilegales para identificar y repatriar cuerpos, además de distribuir fotografías y datos personales de víctimas de travesías en patera desde Argelia.
El Ministerio Público considera que no existen indicios de que los agentes actuaran con ánimo de lucro ni para menoscabar la integridad moral o la dignidad de los fallecidos. Según fuentes de la Fiscalía citadas por La Verdad, las comunicaciones analizadas se realizaron desde correos corporativos y estaban orientadas a facilitar la identificación de cadáveres y la localización de sus familiares.
Respecto a la Guardia Civil, la Fiscalía considera justificada la colaboración con personas vinculadas a una ONG porque estaba en trámite la aprobación de un protocolo o convenio de ayuda a inmigrantes. También sostiene que no se han acreditado contraprestaciones económicas, ventajas o favores personales para los funcionarios.
La causa continuará centrada en empleados de empresas funerarias, miembros de la ONG Cipimd, técnicos auxiliares forenses de Cartagena y Murcia y personal del furgón judicial. Se investigan, entre otros, posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos, contra el respeto a los difuntos, cohecho y organización criminal.
La Guardia Civil atribuyó a la red la búsqueda de adjudicaciones para repatriar cadáveres a Marruecos y Argelia, por las que las familias podían pagar hasta 5.000 euros por cuerpo. En mayo de 2024, el juez ordenó prisión para los dos principales investigados. La investigación también incluye el enterramiento de restos humanos y un posible tráfico de órganos en Marruecos.
Información elaborada a partir de La Verdad.