La investigación del accidente de Adamuz superará el plazo de un año
La investigación del accidente ferroviario de Adamuz, con 46 muertos, superará el plazo legal de doce meses por su complejidad.
La investigación técnica del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, se prolongará más allá del plazo legal de doce meses previsto inicialmente.
La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) ha comunicado a la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz que el caso tiene un carácter «excepcionalmente complejo» y se encuentra en fase de análisis técnico.
El organismo, constituido el 15 de julio de 2026, prevé ampliar formalmente el plazo y publicar un informe provisional con los avances de la investigación y los problemas de seguridad detectados. La Aitat atribuye parte de la complejidad a la coordinación con la investigación judicial y a los trámites necesarios para realizar análisis de laboratorio.
El presidente de la asociación de víctimas, Mario Samper, ha calificado de «inconcebible e inadmisible» que las pesquisas se dilaten sin una fecha concreta de finalización. También ha denunciado la falta de personal: según ha señalado, el caso comenzó con tres investigadores y en algunos meses solo ha contado con dos.
La Aitat ha indicado además que hasta ahora no ha emitido recomendaciones inmediatas de seguridad, aunque ha precisado que esta circunstancia no condiciona el resultado de los análisis posteriores. Samper sostiene, en cambio, que ya existían propuestas preventivas planteadas por el anterior responsable de la investigación, Iñaki Barrón.
La noticia afecta a una investigación estatal sobre seguridad ferroviaria, un asunto de interés general también para los vecinos de Murcia, aunque el accidente y las actuaciones se desarrollan en Córdoba. La Presidencia de la Aitat ha reiterado su compromiso con el rigor, la transparencia y la independencia, y propondrá que representantes de las víctimas puedan asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones relacionadas con el caso.
Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.