Moeve y Galp cancelan su plan para unir sus negocios de refino y carburantes
Moeve y Galp cancelan las negociaciones para fusionar sus negocios de refino, carburantes y movilidad en la península ibérica.
Moeve y la portuguesa Galp han cerrado sin acuerdo las negociaciones para fusionar sus negocios tradicionales de refino, distribución y venta en estaciones de servicio. Ambas compañías han comunicado que no lograron unas condiciones definitivas que respondieran a sus criterios estratégicos y financieros.
Los grupos habían alcanzado en enero un acuerdo no vinculante para estudiar la integración y, aunque inicialmente preveían concluir las conversaciones a mediados de año, en julio ampliaron el plazo hasta el segundo semestre de 2026. Fuentes del sector atribuyen el desenlace a la crisis energética internacional y a la volatilidad de los mercados.
La operación planteaba crear dos plataformas. IndustrialCo habría reunido los negocios de refino, química, comercio de materias primas, moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, con las refinerías de Cádiz y Huelva y la de Sines. Los accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, habrían controlado el 80%, mientras Galp habría conservado más del 20%.
La segunda plataforma, RetailCo, habría integrado la venta de combustibles, la recarga eléctrica y los servicios de conveniencia, con un control repartido al 50% entre los accionistas de Moeve y Galp. La propuesta no incluía otras áreas de Galp, como la exploración y producción, las renovables o el suministro y comercio de petróleo, gas y energía.
Moeve ha asegurado que seguirá aplicando su estrategia de transformación 'Positive Motion' hasta 2030, centrada especialmente en las moléculas verdes. Su consejero delegado, Maarten Wetselaar, ha señalado que la alianza con Galp era una oportunidad para acelerar la creación de valor, pero no una condición para ejecutar el plan.
La compañía destaca entre sus proyectos la construcción de una planta de hidrógeno verde de 300 megavatios y más de 1.000 millones de euros de inversión, así como un complejo de biocombustibles de segunda generación valorado en 1.200 millones y previsto para entrar en funcionamiento en 2027. La decisión afecta al sector energético español y portugués, aunque el texto no detalla impactos específicos en Murcia.
Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.