Un experto cuestiona que Murcia pueda construir 25.000 viviendas en cinco años
Un profesor de la UMU cuestiona que Murcia pueda alcanzar las 25.000 viviendas asequibles en cinco años por el ritmo de construcción y la burocracia.
El economista y profesor de la Universidad de Murcia Diego Peñarrubia considera que no es «factible» construir 25.000 viviendas asequibles en cinco años, como plantea el proyecto de Ley de Vivienda Asequible del Gobierno regional de Fernando López Miras. Durante su comparecencia ante la Asamblea Regional, señaló que en la Comunidad se construyen actualmente unas 3.500 casas al año y que solo alrededor del 15% son asequibles.
Peñarrubia identificó las licencias urbanísticas como uno de los principales obstáculos, ya que, según afirmó, están tardando «muchísimo tiempo». A su juicio, el proyecto de ley no aborda este «reto clarísimo». También advirtió de que facilitar suelo para viviendas que puedan venderse a precio libre diez años después podría suponer «regalarlo».
El profesor defendió modelos público-privados como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, mediante el que se ceden terrenos públicos a empresas para construir y gestionar alquileres asequibles durante un periodo prolongado, generalmente de 50 años. Después, los inmuebles vuelven a ser públicos.
El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia, José Ramón Blázquez, consideró que el proyecto «va por el buen camino», aunque reclamó reducir la burocracia, agilizar los plazos y repartir el coste de las infraestructuras urbanas. También criticó que se pretenda fijar por decreto el valor del suelo y pidió reducir impuestos. Las ayudas directas a la promoción son, en su opinión, el elemento más relevante del texto.
Por su parte, el presidente de Murcia Cohousing, Ginés Martínez Romero, pidió que las cooperativas en cesión de uso puedan acceder a ayudas y programas públicos de vivienda asequible. El diputado del PP Antonio Landáburu defendió que la ley permitirá alcanzar las 25.000 viviendas mediante medidas como primas de edificabilidad de hasta el 40% en suelo privado y del 50% en suelo público. El socialista Miguel Ortega, en cambio, alertó de que el decreto podría crear un modelo de «vivienda pública especulativa» al permitir que las viviendas protegidas pierdan esa condición a los cinco años.
Información elaborada a partir de La Opinión de Murcia.