El Defensor del Pueblo reprocha a Orihuela el retraso de su ZBE
El Defensor del Pueblo incluye en su informe anual el retraso de Orihuela en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.
Orihuela continúa sin una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) operativa casi cuatro años después del plazo legal, fijado el 1 de enero de 2023. El Defensor del Pueblo ha constatado esta situación en una resolución fechada el 30 de septiembre.
La institución señala que el Ayuntamiento comunicó que aceptaba sus recomendaciones y presentó un calendario que contemplaba aprobar definitivamente la ordenanza durante el segundo trimestre de este año. Sin embargo, tras examinar la información municipal, concluyó que el proyecto técnico y la ordenanza seguían en fase de redacción.
El Defensor del Pueblo considera rechazadas 10 de sus 11 recomendaciones y ha decidido incluir el incumplimiento y los retrasos acumulados en su informe anual, que remite a las Cortes Generales, según ha revelado el PSOE.
Los socialistas consideran que la exposición pública del proyecto supone un avance administrativo, pero han reclamado explicaciones al gobierno municipal de PP y Vox. El concejal Luis Quesada ha exigido un calendario realista, transparencia y garantías para residentes, trabajadores y comerciantes, especialmente en Orihuela Costa.
El proyecto, actualmente en fase de alegaciones, prevé implantar la ZBE por fases en tres ámbitos: el casco histórico, el núcleo urbano y la Costa. La propuesta contempla una recaudación de 1,7 millones de euros por multas en 2031 y un coste de implantación cercano a 3,5 millones, con restricciones vinculadas a la clasificación ambiental de los vehículos y a la condición de empadronamiento.
Tras la exposición pública aún quedan trámites como la aprobación de la ordenanza, que fijará excepciones y sanciones, además de la instalación de señalización, los sistemas de control, la plataforma de gestión y los dispositivos para medir la calidad del aire y el ruido.
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