El plan de 954 viviendas en Mil Palmeras divide a la Generalitat
La Generalitat aprueba la declaración ambiental del plan de Mil Palmeras, con 954 viviendas, tras discrepancias entre Urbanismo y Evaluación Ambiental.
La tramitación del sector B-1-A de Mil Palmeras, en Orihuela Costa, ha provocado discrepancias entre responsables de Urbanismo y Evaluación Ambiental de la Generalitat. El proyecto ocupa cerca de 160.000 metros cuadrados y contempla hasta 954 viviendas para unos 2.400 habitantes.
Las diferencias quedaron reflejadas en las reuniones de la Comisión de Evaluación Ambiental celebradas el 6 y el 26 de febrero de 2026. Evaluación Ambiental defendía que el expediente no avanzara sin los informes sectoriales favorables de Costas y Carreteras, además de un estudio sobre el suelo vacante y urbanizado de Orihuela desde la entrada en vigor de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.
Urbanismo planteó una exigencia menos restrictiva: que esos informes fueran solicitados, sin necesidad de obtenerlos antes de continuar la evaluación ambiental. También cuestionó que se reclamara un análisis global del suelo municipal para un desarrollo de superficie relativamente reducida. La declaración ambiental y territorial estratégica acabó aprobándose en la reunión extraordinaria del 26 de febrero, tras revisar el expediente y modificar varias condiciones.
El desarrollo se sitúa en la segunda línea de costa y arrastra una tramitación iniciada a finales de los años ochenta. La zona está condicionada por la ocupación ilegal de la primera línea en los años ochenta, la falta de equipamientos públicos y una servidumbre de paso sin adecuar. En el sector también existe una de las mayores poblaciones mundiales de jarilla cabeza de gato, una especie de flora protegida.
El informe incorporado al expediente recomienda al Ayuntamiento de Orihuela revisar su modelo territorial, ordenar el desarrollo del suelo urbanizable y ajustar los nuevos crecimientos a las superficies previstas por la Estrategia Territorial para el periodo 2010-2030. Entre las opciones plantea desclasificar suelo o revisar el Plan General Estructural, mientras que el PGOU vigente se remonta a 1990.
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