Vox pide en el pleno de Orihuela rechazar la Ley de Memoria Democrática por el aumento del voto de residentes ausentes

Vox, que forma parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela, presentará una moción en el pleno del jueves para pedir que el consistorio rechace la Ley de Memoria Democrática. El grupo municipal, liderado por Manuel Mestre, sostiene que la norma ha incrementado el número de electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el municipio, que pasó de 1.323 en enero de 2022 a 1.575 en enero de 2026, lo que supone un aumento de más de un 19 % en cuatro años.

La formación atribuye ese crecimiento a un procedimiento que describe como "arbitrario y opaco" de adscripción territorial a efectos electorales, desarrollado en un proceso "masivo, indiscriminado e ilegal de nacionalización" por parte del Gobierno central. Según el texto de la moción, el Ejecutivo de Pedro Sánchez habría concedido la nacionalidad española aplicando la normativa de forma "manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico".

La disposición adicional octava de la ley establece un régimen especial de acceso a la nacionalidad para los descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y los años posteriores, concebido como medida de reparación. Vox cifra en menos de 200.000 los exiliados, la mayoría de los cuales se establecieron en Europa. Por su parte, el Gobierno, según recoge la moción, sostiene que los interesados en obtener la nacionalidad por esta vía superan los 2 millones, y que una amplia mayoría se ubica en América, continente al que, según la formación, "se exiliaron menos de 50.000 personas".

La moción atribuye estas diferencias a la instrucción de 25 de octubre de 2022 sobre el derecho de opción a la nacionalidad española, a la que acusa de propiciar un fraude masivo. Además, recuerda que el Tribunal Supremo ha decidido paralizar cautelarmente la inscripción electoral de las personas nacionalizadas al amparo de dicha instrucción.

En la exposición de motivos, Vox califica de "sectaria" la Ley de Memoria Democrática y solicita que el Ayuntamiento deje sin efecto y declare la nulidad de la disposición adicional octava. La formación también pide que se condene la inscripción electoral de personas sin arraigo en el territorio, al considerar que desvirtúa el vínculo entre vecino y municipio.

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