La independencia judicial, clave para sostener el Estado de derecho
El análisis defiende la independencia judicial y cuestiona que las investigaciones contra políticos se califiquen automáticamente como persecución.
La defensa de la independencia judicial se sitúa en el centro del debate político español, en un contexto marcado por investigaciones, imputaciones, querellas y recursos que distintos partidos interpretan de forma opuesta según quién esté siendo investigado.
El análisis sostiene que llamar “persecución judicial” a cualquier investigación contra un político afín desvirtúa el funcionamiento de la Justicia. Recuerda que el fiscal acusa y que el juez debe valorar si existen indicios: si no los hay, archiva; si los hay, investiga.
El texto también cuestiona el uso de la expresión inglesa “lawfare”, que define como una guerra judicial empleada por regímenes para inventar delitos contra opositores. Frente a esa idea, señala que en España las diligencias se abren en juzgados ordinarios a partir de denuncias o informes de organismos como la UCO y la Guardia Civil.
Entre los ejemplos citados figuran la consulta del Tribunal Supremo a Europa sobre la compatibilidad de la amnistía con el derecho europeo y la investigación en Madrid a la mujer del presidente por un presunto delito de tráfico de influencias. El artículo subraya que ambas actuaciones deberán resolverse con pruebas y que también pueden acabar archivadas.
La reflexión destaca que la democracia no se mide por la ausencia de corrupción, sino por la posibilidad de que los jueces investiguen a personas vinculadas al poder sin ser destituidos. Como referencias contrapuestas menciona Hungría, Rusia y Venezuela.
El debate tiene interés también para los lectores de Ourense, como capital provincial y parte de Galicia, porque aborda el funcionamiento de las instituciones y la independencia judicial, asuntos que afectan al conjunto de la ciudadanía con independencia de su territorio.
Información elaborada a partir de La Región.