El caso de Maricarmen reabre el debate sobre los desahucios y la vivienda
El caso de Maricarmen, desalojada de su vivienda en Madrid, abre una posible vía de regreso y reaviva el debate sobre los desahucios.
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad del 50 por ciento, en silla de ruedas y con escasa red familiar, podría dar un nuevo giro. Tras ser desalojada de la vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, donde había vivido durante 70 años, el fondo Urbagestión ha ofrecido estudiar con el Ayuntamiento de Madrid un alquiler «estable y asequible» que permitiría su regreso.
La propuesta del fondo, propietario del piso, fue calificada de «inviable» por el Ayuntamiento de Madrid. No obstante, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ofreció a los representantes de Maricarmen su Servicio de Intermediación del Alquiler, una vía que ha sido aceptada.
El próximo lunes 28 de septiembre, a las 16.00 horas, está prevista una reunión entre los representantes de la afectada y los propietarios de la vivienda, con la mediación de profesionales de la empresa municipal. Por ahora, el posible regreso a la casa sigue abierto, aunque con pocas certezas.
El caso ha provocado reproches entre el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. El Ejecutivo de Pedro Sánchez acusó a las administraciones municipal y regional de hacer «caso omiso» de una «tragedia social», mientras que Isabel Díaz Ayuso responsabilizó al Gobierno central de no haber cambiado las leyes sobre vivienda y calificó de «absurda» la legislación actual.
Las protestas contra la especulación inmobiliaria y en solidaridad con las personas desahuciadas se han sucedido en Madrid y otras capitales españolas. Este sábado está prevista una nueva manifestación entre la Puerta del Sol y el Congreso. El relator de la ONU sobre vivienda, Koldo Casla, también criticó que la legislación española no garantice un análisis de proporcionalidad de los desahucios caso por caso.
La repercusión del caso ha llevado al Gobierno central a buscar la aprobación de un decreto ley urgente sobre vivienda y a retomar las negociaciones con los grupos políticos. Para los vecinos de Palma, la noticia pone el foco en un debate de alcance estatal sobre el acceso a la vivienda y la protección de las personas vulnerables, aunque los hechos se desarrollan en Madrid.
Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.