El nuevo decreto de vivienda deja fuera varias medidas del borrador de julio

El Gobierno prepara un nuevo decreto de vivienda para llevarlo este martes al Consejo de Ministros, aunque el texto no incluirá necesariamente todas las medidas contempladas en el borrador de julio. El Ministerio de Vivienda ha avanzado diez ámbitos prioritarios, mientras fuentes del departamento de Isabel Rodríguez aseguran que el real decreto-ley sigue negociándose y que todavía puede incorporar más contenido.

Entre las propuestas que no aparecen por ahora figura el endurecimiento fiscal de las socimis. El borrador planteaba elevar hasta el 25% el gravamen especial sobre los beneficios no distribuidos procedentes del alquiler residencial, frente al 15% previsto con carácter general para determinadas rentas. El tipo podría reducirse o desaparecer si las empresas destinaban una parte de su cartera a vivienda asequible y reinvertían los beneficios.

Tampoco se menciona la reforma de la ley del suelo, que pretendía reforzar la seguridad jurídica urbanística. La propuesta permitía subsanar determinados defectos formales de los planes sin anular las partes no afectadas y daba a las administraciones hasta un año, prorrogable seis meses, para corregirlos.

En materia de alquiler, el anuncio mantiene la regulación de los contratos de temporada, pero no alude al alquiler por habitaciones. El texto de julio establecía que la suma de las rentas de las habitaciones no pudiera superar el precio del piso completo y que, en las zonas tensionadas, se respetasen los límites aplicables. También desaparece por ahora la obligación de formalizar por escrito los contratos cuando lo solicitase el inquilino.

El nuevo decálogo sí contempla aplicar el IVA a los pisos turísticos, pero no incluye el recargo del IBI que se había planteado para estas viviendas en zonas tensionadas. La propuesta permitía elevarlo hasta el 50%, o hasta el 100% para propietarios con cuatro o más pisos turísticos. También quedan fuera, de momento, el Fondo de Vivienda de Impacto Social y una definición legal de vivienda asequible vinculada al límite del 30% de la renta mediana del hogar.

Las medidas afectan al conjunto de las políticas estatales de vivienda y su eventual aplicación tendría interés para los residentes de Palma, especialmente en cuestiones como los alquileres, los pisos turísticos y la vivienda asequible. El Ministerio insiste en que el texto continúa abierto y que las líneas avanzadas no son necesariamente definitivas.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.