El Consejo de Estado avala el decreto de centros de datos y el Gobierno lo aprobaría antes de las elecciones

El Consejo de Estado ha dado luz verde jurídica al real decreto que regula la actividad de los centros de datos, lo que permite al Gobierno aprobarlo de forma definitiva antes de las elecciones del 29 de noviembre. El dictamen se aprobó por unanimidad y sin votos particulares, tras una intensa discusión interna que retrasó el informe, previsto inicialmente para el jueves.

El órgano consultivo no identifica elementos cruciales que paralicen la tramitación y rechaza las principales dudas planteadas por el sector y por algunas administraciones autonómicas. Avala la tramitación por vía de urgencia, el uso de un real decreto en lugar de una norma con rango de ley y la capacidad de la Administración central frente a las objeciones de comunidades autónomas que consideraban invadidas sus competencias.

El Gobierno prevé elevar la norma al Consejo de Ministros en la reunión del 17 o del 24 de noviembre, tras incorporar mejoras propuestas por el Consejo de Estado. El dictamen, aunque no es vinculante, recoge cuatro salvedades esenciales que el Ejecutivo quiere incluir. Entre ellas, pide justificar mejor el rechazo de alegaciones clave, desarrollar el impacto económico sobre las inversiones previstas, detallar el régimen sancionador y reducir el papel supervisor de Red Eléctrica y de las eléctricas con redes de distribución, de modo que esa función recaiga solo en la Administración. También reclama eliminar la cláusula que permite cambiar discrecionalmente parámetros clave, como el consumo mínimo del 80% de energías renovables, y que cualquier modificación se haga mediante un nuevo real decreto.

Según la información publicada, el texto revisado da a los centros de datos un plazo de cinco años para cumplir la exigencia del 80% de electricidad renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar su desconexión si es necesario para proteger el sistema eléctrico. Además, los requisitos verdes se limitan a instalaciones de más de 10 megavatios, frente a 1 megavatio en la primera versión.

El sector tecnológico ha mostrado un rechazo frontal a la norma. La patronal SpainDC, que agrupa a grandes compañías como Amazon, Google o Microsoft, advierte de que prepara una batalla judicial que podría incluir medidas cautelares y reclamaciones de indemnizaciones por inversiones ya ejecutadas. Aunque la noticia se refiere a un ámbito estatal, su impacto llega también a las islas, donde el debate sobre consumo energético y sostenibilidad digital interesa a la ciudadanía de Palma.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.