El Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno con consejeros vitalicios y retribuciones en el centro del debate

El Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno, vuelve al foco por la situación de dos de sus consejeros permanentes y por el funcionamiento interno de la institución. José Luis Manzanares Samaniego, de 96 años y jubilado del Tribunal Supremo en el año 2000, conserva su puesto vitalicio y se ha reincorporado hace dos semanas tras un año sin acudir al trabajo. Los nueve consejeros permanentes cobran 134.446,24 euros brutos anuales en 2026, según los datos oficiales de transparencia, una cifra superior a la de la presidenta, Carmen Calvo, que percibe 97.323,72 euros.

La institución, creada durante el reinado de Carlos V y que acaba de cumplir 500 años, examina proyectos normativos y emite dictámenes jurídicos que, por regla general, no son vinculantes. Calvo destacó durante la conmemoración del quinto centenario que el Ejecutivo sigue sus dictámenes en el 98,9% de los casos sometidos a consulta. Su última memoria anual, correspondiente a 2025, recoge 1.031 consultas, 1.315 expedientes despachados y 1.130 dictámenes sobre el fondo.

Los consejeros permanentes son designados por el Gobierno con carácter vitalicio, una particularidad poco habitual en la Administración española. La ley solo contempla su salida por renuncia, delito, incapacidad permanente o incumplimiento de funciones, con un procedimiento que incluye informe del Pleno y decisión del Consejo de Ministros.

Además del caso de Manzanares, María Teresa Fernández de la Vega, de 77 años y consejera permanente desde 2022, lleva un año y medio sin poder desempeñar sus funciones por motivos de salud, según explicó Calvo. Una ponencia especial estudia si procede declarar su incapacidad permanente. Calvo insistió en la necesidad de respetar las garantías legales y la intimidad de la afectada.

El organismo trabaja en una propuesta de reforma de su reglamento orgánico, que podría aprobarse en la reunión de la Comisión de Estudios prevista para el martes 17 de noviembre, aunque no se descarta un retraso. Eliminar el carácter vitalicio de los consejeros exigiría cambiar la ley orgánica, competencia de las Cortes Generales, un proceso que no podrá abordarse antes de las elecciones del día 29, por lo que quedará en manos del próximo Ejecutivo.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.