El desahucio de una mujer de 87 años reabre el debate sobre la vivienda
El desalojo de Maricarmen, de 87 años, de la vivienda donde residía desde 1956 reabre el debate sobre alquileres y emergencia habitacional.
Maricarmen, de 87 años, ha sido desalojada de la vivienda de Madrid en la que residía desde 1956, después de que el Tribunal Supremo fallara a favor de la legalidad del proceso. La mujer, que tiene reconocido un grado de discapacidad del 50%, había heredado el contrato de renta antigua de sus padres mediante una segunda subrogación en 2005.
La Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos establecía que el contrato debía extinguirse a los dos años, salvo que el arrendatario tuviera una discapacidad igual o superior al 65%. El caso atravesó varias ventas, intentos de desahucio, movilizaciones y una oferta para elevar el alquiler hasta los 2.650 euros mensuales.
La vivienda terminó en manos de Urbagestión y, pese a los llamamientos para suspender el desalojo, cientos de personas intentaron impedirlo. La intervención policial permitió ejecutar la resolución y Maricarmen fue trasladada en camilla. La Comunidad de Madrid le ofreció una plaza en una residencia situada a 40 kilómetros.
El caso ha sido presentado como un ejemplo del fracaso institucional en materia de vivienda, con críticas al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad por su respuesta ante la emergencia habitacional. El texto también cuestiona el rechazo parlamentario a prorrogar el llamado escudo social, incluida la moratoria de desahucios para familias vulnerables.
El episodio, ocurrido en Madrid, vuelve a poner sobre la mesa un debate que también afecta al conjunto de España, incluida Palma: la protección de las personas mayores y vulnerables, el precio de los alquileres y la aplicación efectiva del derecho constitucional a una vivienda digna. La autora es la escritora Pilar Ruiz Costa.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.