El Gobierno aprueba el reglamento de la Red Nacional de Vías Pecuarias, con más de 11.000 km

El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado 27 de octubre al real decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, el reglamento que completa la Ley 3/1995, de 23 de marzo, que protege estos caminos públicos y garantiza su libre tránsito y conservación. La norma llega más de treinta años después de la creación de la red, tras una reclamación sostenida de organizaciones agrarias, senderistas y ecologistas.

El real decreto identifica los trazados y tramos que integran la red, que suma más de 11.000 kilómetros en la Península Ibérica. Incluye las grandes cañadas reales, otros itinerarios tradicionales de la ganadería extensiva y los pasos interfronterizos. Según el texto, la regulación supone un hito para la trashumancia, la conservación de la naturaleza y el patrimonio cultural ligado al mundo rural, y permite usos como el senderismo siempre que se respete la prioridad del tránsito ganadero.

La norma también prevé mejorar la delimitación de estos terrenos de dominio público, reforzar su defensa frente a intrusiones y ocupaciones, y coordinarlos con el Catastro y el Registro de la Propiedad. La información sobre trazados, cartografía digital y situación administrativa se integrará en el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el Banco de Datos de la Naturaleza. Además, crea el Fondo Documental de Vías Pecuarias, que reunirá documentación histórica, planos y resoluciones administrativas.

Las comunidades autónomas son titulares de las vías pecuarias y responsables de su gestión. Ecologistas en Acción considera que el desarrollo de la red debe ir acompañado de recursos suficientes y de un ejercicio efectivo de las competencias autonómicas. En un comunicado, la organización afirma que «la escasez de recursos para su delimitación, conservación y vigilancia favorece su deterioro y dificulta la recuperación de tramos ocupados o interrumpidos», y señala un desarrollo normativo autonómico desigual.

La organización recuerda que, en los últimos años, administraciones de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Andalucía y Extremadura han debilitado la protección de estos espacios mediante cambios normativos o una gestión permisiva. Entre los problemas citados figuran las permutas desventajosas, las ocupaciones ilegales, los cortes de acceso, la caza y las modificaciones de trazado con fines urbanísticos. Ecologistas en Acción reclama a los gobiernos autonómicos que refuercen su protección y considera que la protección jurídica debe ir acompañada de vigilancia y respuesta ante las infracciones.

Aunque la información procede de ámbito estatal, se publica en Palma como capital de la comunidad autónoma, en la que las vías pecuarias forman parte del patrimonio público regulado por el mismo marco legal.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.