El Gobierno aprueba prórrogas y límites para proteger los alquileres

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos ley de vivienda con medidas sobre alquileres, desahucios, vivienda turística y fiscalidad. Las normas incluyen una prórroga de dos años para los contratos que terminen antes del 31 de diciembre de 2028, aunque los inquilinos deberán solicitarla.

También se establece una congelación de las rentas, con subidas del 0 % en las actualizaciones anuales. Los contratos de alquiler de temporada tendrán una duración máxima de doce meses y deberán justificar su carácter temporal; si no lo hacen, se considerarán alquileres de vivienda habitual.

La regulación extiende a los alquileres temporales y por habitaciones las garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos, como los límites de fianza, la prohibición de cobrar honorarios y la aplicación de topes de precios. En los pisos compartidos, la suma de las rentas no podrá superar el límite fijado para la vivienda completa.

Las medidas incluyen protección para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2030 y prohíben durante dos años que los fondos de inversión compren viviendas con fines especulativos. Además, los contratos se renovarán automáticamente salvo que el arrendador justifique la no renovación o indemnice al inquilino.

En materia fiscal, los pisos turísticos tributarán con un IVA del 21 %, mientras que habrá reducciones para los propietarios que rebajen la renta, bonificaciones para inquilinos con bajos ingresos y ayudas para comprar la primera vivienda. La fiscalidad de las socimi subirá del 15 % al 25 % sobre los beneficios no distribuidos.

Los ayuntamientos podrán duplicar el IBI de las viviendas que permanezcan cerradas durante más de tres años. Las medidas afectan al conjunto de España y, por tanto, también pueden tener incidencia en los alquileres y en la vivienda de Palma, aunque el texto no concreta ninguna aplicación específica en la capital balear.

Información elaborada a partir de Noudiari (Eivissa).