El Gobierno blinda con un escudo jurídico su decreto sobre centros de datos ante la ofensiva de las tecnológicas

El Gobierno prepara un real decreto para regular los centros de datos, con exigencias ambientales y de seguridad digital para las nuevas instalaciones, mientras las grandes promotoras del sector anuncian una ofensiva legal para tumbarlo. Según la información de EL PERIÓDICO, el Ejecutivo ha modificado la primera versión anunciada en agosto y ha flexibilizado algunas obligaciones, pero la patronal SpainDC, que agrupa a Amazon, Google o Microsoft, mantiene su «rechazo absoluto y masivo» al nuevo borrador. Su presidente, Emilio Díaz, advierte de que utilizarán «todas las vías institucionales, regulatorias y jurídicas a nuestro alcance».

El decreto se ha enviado al Consejo de Estado con carácter de urgencia, con el objetivo de aprobarlo en Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre. El texto reelaborado llega tras más de 630 alegaciones. Las empresas cuestionan la vía elegida, al considerar que un real decreto, que no tiene rango de ley, no puede establecer una regulación integral del sector ni un régimen sancionador que llegue a afectar al acceso a la red eléctrica, y denuncian defectos de forma y de procedimiento.

Para responder a estas críticas, el Gobierno ha incluido en la memoria de análisis de impacto normativo argumentos jurídicos destinados a reforzar la norma. Sostiene que existe un mandato expreso en el real decreto ley de medidas frente a la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio, convalidado por las Cortes, para aprobar requisitos de sostenibilidad energética, ambiental y de soberanía digital mediante un real decreto. Los ministerios de Transición Ecológica, Transformación Digital y Economía justifican la urgencia por «circunstancias extraordinarias» y por la necesidad de evitar un desarrollo desordenado de estas instalaciones y la inseguridad jurídica de los promotores.

El Gobierno también rechaza que la norma sea discriminatoria. Defiende que la demanda eléctrica de los centros de datos es muy elevada, constante y con un crecimiento potencialmente ilimitado, y que existe una concentración de solicitudes de conexión a la red sin precedentes, por lo que su tratamiento específico responde a criterios objetivos. Asimismo, ha reducido el alcance de las obligaciones: en lugar de afectar a los centros de más de 1 MW, como en la primera versión, se aplicarían solo a los considerados «muy grandes» por la UE, de más de 10 MW.

Las compañías anticipan además que, una vez aprobado el decreto, podrían reclamar indemnizaciones multimillonarias por las inversiones ya ejecutadas. La noticia tiene un alcance estatal y sectorial, sin una incidencia directa identificada en Palma más allá del debate general sobre la infraestructura digital y el consumo energético.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.