El Gobierno limita los precios de hoteles y transportes en situaciones de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha un mecanismo para evitar que los precios de alojamientos y transportes alternativos se disparen durante una emergencia. La medida está incluida en el real decreto-ley de ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), publicado en el BOE el 4 de noviembre, y fija un límite a los importes que pueden cobrar los operadores cuando un suceso extraordinario altera la oferta y la demanda de determinados servicios.

La norma responde inicialmente al accidente ferroviario del 28 de octubre, que dejó 69 fallecidos y más de un centenar de heridos. La interrupción de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía obligó a numerosos viajeros a buscar alternativas, lo que puede presionar al alza los precios de billetes de autobús, otros medios de transporte y plazas hoteleras.

Para ello, el Ejecutivo ha incorporado el artículo 20 ter a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La disposición establece que el precio de un producto o servicio no podrá superar el importe máximo ofertado durante los 30 días naturales anteriores a la emergencia, referencia que también podrá aplicarse a servicios análogos cuando no exista oferta equivalente. Además, si el precio máximo de ese mes supera en más de un 50% la media del periodo, la referencia pasará a ser esa media incrementada en un 50%.

El mecanismo contempla excepciones. Los operadores podrán repercutir subidas que respondan a incrementos acreditados de costes o a la puesta en marcha de nuevos servicios para atender la demanda extraordinaria. En actividades muy estacionales, como ciertos alojamientos turísticos, podrá tomarse como referencia el precio del mismo periodo del año anterior, actualizado según el IPC. También quedan contemplados los servicios con tarifas reguladas o sujetos a contratos con administraciones públicas.

Aunque su primera aplicación está ligada al accidente de Urda, el nuevo artículo permite activar el mecanismo en futuras emergencias, accidentes, casos de fuerza mayor o incidencias técnicas. En esos supuestos hará falta un acuerdo del Consejo de Ministros que determine los servicios afectados, los precios de referencia y el periodo de aplicación. Los consumidores podrán recuperar automáticamente las cantidades cobradas por encima del límite, sin perjuicio de las sanciones a los operadores.

En el caso de Urda, la limitación afecta a los servicios vinculados a la interrupción de la línea Madrid-Andalucía y, según la disposición transitoria segunda, estará vigente inicialmente hasta el 10 de noviembre. Las restricciones a la libertad de precios en el transporte deberán contar, además, con la autorización expresa de la Comisión Europea.

Aunque la noticia se refiere a una emergencia ocurrida en la península, su alcance es general: la norma sienta un marco que podría aplicarse en cualquier territorio, también en Palma y el resto de Baleares, cuando se produzca una situación extraordinaria que afecte a hoteles o transportes.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.