El Gobierno obliga a los ayuntamientos a demostrar que las Zonas de Bajas Emisiones se cumplen y se sancionan

El Gobierno ha aprobado este martes una modificación del Real Decreto 1052/2022 que obliga a las administraciones locales a demostrar que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) funcionan de verdad y que los incumplimientos se sancionan. La reforma afecta a los municipios de más de 50.000 habitantes, a los territorios insulares y a los municipios de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de calidad del aire.

El cambio responde a que el Ministerio para la Transición Ecológica detectó, durante los primeros años de aplicación, zonas que existían formalmente pero con restricciones reales escasas, y sanciones retrasadas mediante largas moratorias.

A partir de ahora, los ayuntamientos deberán acreditar documentalmente que las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento están en vigor y que se aplican según el potencial contaminante de los vehículos. También tendrán que demostrar que funcionan los sistemas de control de accesos, monitorización y seguimiento.

Uno de los cambios más relevantes afecta a las sanciones: las ordenanzas municipales deberán incluir el régimen sancionador previsto en la normativa estatal de tráfico y aplicarlo de manera efectiva. Las administraciones locales no podrán recurrir a sistemas transitorios o a periodos prolongados sin multas para retrasar la aplicación de las restricciones.

La reforma también busca que el Estado pueda evaluar si las ZBE cumplen sus objetivos. Los municipios deberán facilitar información que permita comprobar la implantación real de las zonas, sus restricciones y los mecanismos de control. Esa evaluación podrá servir como referencia para futuros instrumentos de financiación vinculados a la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

Según el Ministerio, las ZBE deben reducir la contaminación atmosférica y las emisiones, mejorar la salud pública, favorecer los desplazamientos activos y racionalizar el uso del vehículo privado. Para las administraciones afectadas, el mensaje es que delimitar una zona ya no basta: las restricciones deberán aplicarse y su incumplimiento tendrá consecuencias.

Información elaborada a partir de Mallorca Confidencial.