El Gobierno pacta dos decretos para ampliar la protección de los alquileres

El Consejo de Ministros aprobará este martes dos reales decretos-ley sobre vivienda tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Sumar. El primero incluirá la ampliación de la protección frente a los desahucios hasta 2030, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones, la prohibición temporal de determinadas compras de los fondos buitre y una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler vigentes.

El segundo decreto recogerá la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las principales exigencias de Sumar y del Sindicato de Inquilinas. El detalle de la norma y los supuestos en los que el propietario podrá recuperar la vivienda todavía no han sido facilitados por el Ministerio de Vivienda.

La fórmula acordada supera el principal desencuentro entre los socios del Gobierno. Hasta ahora, el Ministerio planteaba una prórroga extraordinaria de un máximo de dos años para determinados contratos, mientras que Sumar reclamaba una renovación automática que permitiera mantener el alquiler más allá de ese periodo.

El borrador del lunes establecía que podían solicitar la prórroga los inquilinos cuyos contratos vencieran antes del 31 de diciembre de 2028 y que cumplieran ciertos requisitos de pago. El acuerdo también incorpora finalmente una regulación específica del alquiler por habitaciones, que no aparecía en ese documento.

El primer decreto incluirá además hasta 2028 la prohibición de comprar vivienda a los denominados fondos buitre, según fuentes de Vivienda. La medida pretende limitar la actividad de entidades que adquieren inmuebles o carteras hipotecarias con descuentos para obtener rentabilidad mediante el alquiler, la reventa u otros usos.

El Gobierno ha solicitado al Congreso un pleno extraordinario este viernes para convalidar ambos decretos, apenas tres días después de su aprobación. La medida afecta al conjunto de las Illes Balears y, por tanto, también a los hogares de Palma, aunque el acuerdo no contempla medidas específicas para la capital balear.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.