El Gobierno prepara un decreto de 10 millones en ayudas a las víctimas del accidente de Urda

El Gobierno de España trabaja en un paquete de medidas de urgencia para reforzar la seguridad ferroviaria, tanto normativas como de inversión, con el objetivo de recuperar la confianza en el sistema tras el accidente de trenes ocurrido en Urda (Toledo). Desde Moncloa y el Ministerio de Transportes señalan que el plan de respuesta aún se está elaborando y no garantizan que pueda empezar a desplegarse en el Consejo de Ministros de este martes.

Lo que sí se aprobará en la reunión es el escudo de ayudas a las víctimas. Será el primer decreto que se apruebe, seis días después del siniestro, para atender con rapidez las necesidades de los afectados. El paquete movilizará alrededor de 10 millones de euros entre ayudas directas y anticipos para las familias de los 69 fallecidos. Las ayudas a los heridos oscilarán entre unos 5.000 euros y algo más de 168.000, según la gravedad, y 29 de ellos siguen hospitalizados.

El esquema será similar al aprobado tras los accidentes de Adamuz y Gelida, que sumaron unos 20 millones de euros según el Ejecutivo. Estas ayudas serán compatibles con las indemnizaciones de los seguros obligatorios y de responsabilidad civil, estarán exentas de tributación y se abonarán en un único pago. El decreto también incluirá un procedimiento específico de incapacidad temporal y oficinas de atención personalizada en las delegaciones y subdelegaciones de las comunidades autónomas de residencia de los afectados.

Por otro lado, los sindicatos de maquinistas han convocado dos jornadas de paros los días 10 y 12 de noviembre, antes y después de la huelga general. Reclaman el desbloqueo de acuerdos pendientes tras el accidente de Adamuz y nuevas medidas de seguridad a la vista de la investigación sobre Urda, como protocolos obligatorios ante fenómenos meteorológicos extremos, mejor coordinación entre maquinistas y gestor de infraestructuras, y la modificación de la normativa de los sistemas de seguridad LZB y ERTM.

En concreto, proponen prohibir que los trenes reanuden la circulación en condiciones normales cuando fallen estos sistemas y exista la posibilidad de que haya más de un tren en un mismo cantón. El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) valoró que Renfe tomara nota de esta petición, aunque reclama una norma de rango superior aplicable a todas las operadoras.

Los socios de coalición del Gobierno impulsan una auditoría independiente de todo el sistema y plantean revertir externalizaciones, empezando por el mantenimiento, reforzar el personal y la formación, y aumentar la financiación. Pedro Sánchez, desde Barcelona, sostuvo que la respuesta a la tragedia debe ser «mucha más inversión y más cuidado», y se comprometió a recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad «cuanto antes y cueste lo que cueste».

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.