El Gobierno prepara un tope a la TUR del gas ante el alza de la calefacción

El Gobierno prevé aprobar este martes un paquete de medidas para contener el impacto de la crisis energética sobre los consumidores, entre ellas un límite a la tarifa regulada del gas, la TUR, a la que están acogidos más de tres millones de clientes. La revisión está prevista para el 1 de octubre y busca evitar una subida desproporcionada de las facturas de calefacción al inicio del invierno.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que, con los precios actuales, los contratos domésticos con calefacción podrían afrontar un incremento anual de unos 300 euros, desde aproximadamente 600 hasta cerca de 910 euros. En otro cálculo, la organización estima que la TUR podría encarecerse un 54% si el decreto no incluye medidas específicas, con un sobrecoste de unos 310 euros para un hogar medio con calefacción.

El paquete también contempla limitar el precio de la bombona de butano a 19,55 euros hasta junio de 2027 y prorrogar hasta final de año la rebaja fiscal de 20 céntimos en los carburantes, con un mecanismo de salvaguarda ligado al IPC. Buena parte de las medidas vigentes expira el 30 de septiembre.

El INE ha adelantado que la inflación se situó en septiembre en el 4,9%, seis décimas por encima de agosto y, si se confirma, en su nivel más alto desde febrero de 2023. La inflación subyacente alcanzó el 3,1%. Economía atribuye el repunte principalmente al encarecimiento de los carburantes y al efecto base, ya que los combustibles fósiles se abarataron en septiembre de 2025.

La economista sénior de Funcas María Jesús Fernández Sánchez ha advertido, en declaraciones a Europa Press, de que la extensión del conflicto hacia el estrecho de Bab el-Mandeb podría agravar y prolongar los problemas de suministro. El Gobierno busca evitar que el aumento de los costes energéticos se traslade al resto de precios y a los salarios.

El contenido definitivo del decreto dependerá del Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo. Dentro del Ejecutivo, Sumar y los sindicatos reclaman reactivar la excepción ibérica, mientras que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha planteado gravar el refino o limitar los alquileres. La medida afectaría también a los hogares de Palma acogidos a la tarifa regulada, aunque el texto no detalla su impacto específico en la ciudad.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.