El Gobierno rebaja las exigencias para la gigafactoría de IA de Tarragona

El Gobierno ha enviado al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto sobre centros de datos que establece condiciones ambientales más laxas para proyectos estratégicos como la gigafactoría de inteligencia artificial de Mora la Nova (Tarragona). La medida afecta a un proyecto que prevé movilizar unos 5.000 millones de euros.

El Ejecutivo mantiene para el conjunto de los centros de datos la exigencia de que al menos el 80% de la electricidad consumida proceda de plantas renovables durante todas las horas del día, aunque concede un plazo de cinco años para cumplirla. En el caso de instalaciones estratégicas vinculadas a iniciativas europeas, el requisito se limita a la cuota media de generación renovable del sistema eléctrico nacional, que actualmente se sitúa en el 55%.

El nuevo borrador también amplía de 36 a 60 meses la antigüedad máxima de las plantas renovables con las que la gigafactoría podrá contratar electricidad. Además, no computarán determinados retrasos en su puesta en funcionamiento cuando sean responsabilidad de Red Eléctrica o de las administraciones públicas.

En materia de eficiencia energética e hídrica, el decreto prevé los estándares más exigentes de la Unión Europea para los centros de datos. Sin embargo, las gigafactorías y los supercomputadores estratégicos podrán cumplir con una etiqueta C si ya están operativos cuando entre en vigor la norma, con una B si comienzan a funcionar hasta finales de 2029 y con una A si lo hacen a partir de 2030.

La gigafactoría de Tarragona es un proyecto impulsado por el Gobierno central, la Generalitat de Catalunya y varias empresas privadas, entre ellas Telefónica, Santander, ACS y Multiverse Computing. Tendrá un modelo multisede, con Mora la Nova como núcleo central y otro centro en San Fernando de Henares (Madrid), y aspira a optar a subvenciones de la Comisión Europea.

Para beneficiarse de estas condiciones especiales, las instalaciones deberán contar con un informe de Red Eléctrica sobre su impacto en la seguridad del sistema eléctrico y con otro del Ministerio para la Transformación Digital que acredite su contribución a la soberanía digital europea. La decisión tiene alcance estatal y europeo; para Palma, su interés se sitúa principalmente en la evolución de las políticas sobre energía, agua y grandes centros tecnológicos.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.