El límite al alquiler de habitaciones queda ligado a las zonas tensionadas

La nueva regulación del alquiler por habitaciones tendrá una aplicación práctica distinta según el tipo de municipio. Aunque el real decreto-ley aprobado hace unas semanas establece para toda España que la suma de las rentas de las habitaciones no puede superar el coste del piso alquilado completo, el Ministerio de Vivienda sostiene que ese techo solo puede calcularse en las zonas tensionadas cuando nunca ha existido un contrato por toda la vivienda.

La reforma modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para impedir que varios contratos individuales sirvan para cobrar más de lo que se obtendría por arrendar el inmueble entero. En las zonas tensionadas, actualmente más de 300 municipios de Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia, también se aplican límites máximos de renta.

El problema es cómo fijar la referencia en viviendas que siempre se han alquilado por habitaciones. Fuentes del Ministerio afirman que fuera de las zonas reguladas no hay restricciones al precio. El abogado Sergi de Paz, de CIM Tax & Legal, comparte esta interpretación y advierte de que, sin un contrato previo del piso completo, no habría un límite definido. También considera que la redacción del decreto genera inseguridad jurídica y que los tribunales deberán aclarar varios extremos.

La comprobación del límite corresponderá a las comunidades autónomas, que deberán establecer los mecanismos de inspección y sanción. Los inquilinos no siempre conocen cuánto pagan los demás ocupantes, y no existe un sistema estatal específico para consultar la suma de los contratos. Entre las posibles vías figuran solicitar la documentación al propietario o acudir a la administración donde se depositan las fianzas.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL) cuestiona que la medida vaya a reducir los precios y teme que una menor rentabilidad lleve a algunos propietarios a alquilar el piso completo, venderlo o retirarlo del mercado. La asociación advierte de que una reducción de la oferta podría aumentar la competencia por las habitaciones, una cuestión que también puede afectar a quienes buscan alojamiento compartido en Palma, aunque el texto no concreta medidas ni datos específicos para la ciudad.

El decreto reconoce además de forma expresa los alquileres habituales de habitaciones y extiende a estos contratos las garantías de la LAU. Esta protección se aplicará también fuera de las zonas tensionadas, aunque las dudas sobre el cálculo del precio máximo se concentran especialmente en esos municipios.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.