El Parlament aprueba la reforma de la Ley de Capitalidad de Palma con más financiación

El Parlament balear ha aprobado este martes la reforma de la Ley de Capitalidad de Palma, una modificación de la normativa vigente desde 2006 que permitirá al Ayuntamiento disponer de más financiación y nuevas herramientas para gestionar la ciudad. La aprobación llega tras meses de negociaciones entre PP y PSOE, que han incorporado numerosas enmiendas al texto inicial, con el respaldo parcial de Més per Mallorca. Vox ha rechazado el texto al no aceptarse sus enmiendas en materia lingüística.

La aportación mínima para compensar los costes de capitalidad se duplica, de 30 a 60 millones de euros anuales. La cifra incluye diferentes aportaciones de las administraciones, con un mínimo específico de 25 millones del Govern balear y diez millones del Consell de Mallorca. Además, la cantidad se actualizará cada año según los precios y el crecimiento de la población, sin poder reducirse respecto al ejercicio anterior.

Cort deberá constituir en el plazo de doce meses una empresa municipal de vivienda, encargada de promover, construir, rehabilitar y gestionar viviendas protegidas y ampliar el parque público. Podrá colaborar con inversores privados, manteniendo la mayoría pública. La reforma también prevé una oficina municipal permanente de defensa de los inquilinos, que ofrecerá información, asesoramiento jurídico y acompañamiento a personas que viven de alquiler o afrontan el riesgo de perder su vivienda, y que asumirá las competencias de la Oficina Antiokupación, cerrada desde hace meses por una denuncia de riesgos laborales de CCOO.

La ley introduce además el derecho de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento sobre determinados terrenos destinados a viales, espacios libres o equipamientos públicos, lo que le permitirá adquirir preferentemente estos solares e intervenir, en determinadas condiciones, incluso después de una compraventa. La medida abre una vía para recuperar terrenos como Can Pesquet, en Son Sardina, adquirido por un particular ante la tardanza del Ayuntamiento en comprarlo para crear allí una plaza pública muy reivindicada por los vecinos.

En el ámbito de la convivencia, la norma reconoce la figura de los agentes cívicos, que podrán informar y vigilar el cumplimiento de las ordenanzas en la vía pública, sin funciones policiales ni de seguridad privada, y deberán recurrir a la Policía Local cuando sea necesaria una actuación de autoridad. Cada distrito dispondrá de una gerencia con personal técnico y competencias delegadas sobre mantenimiento de calles, movilidad local y participación ciudadana, y un mínimo del 5 % del presupuesto municipal de inversiones se ejecutará a través de los consejos de distrito.

La nueva ley entrará en vigor el día de su publicación en el BOIB, aunque algunas de sus medidas, como la empresa municipal de vivienda o las nuevas estructuras administrativas, necesitarán un desarrollo posterior. Asimismo, abre la puerta a una futura Área Metropolitana de Palma que podría integrar también a Calvià, Marratxí y Llucmajor.

Información elaborada a partir de Diario de Mallorca.