El PSOE de Sant Antoni denuncia la legalización de tres viviendas y dos piscinas en Santa Agnès

El PSOE de Sant Antoni ha calificado de «la aberración más clara de la amnistía urbanística del PP» la solicitud para legalizar tres viviendas, dos piscinas y anexos en suelo rústico protegido de Santa Agnès, en Ibiza. La petición la promueven la jueza de paz del municipio, Catalina Costa Bonet, y sus hijos Diego y Alejandro Ponce Costa, técnico municipal de Medio Ambiente y exjefe de la Policía Local, respectivamente. La finca, situada en Coll des Povas, mide 11.248,59 metros cuadrados.

El concejal socialista Antonio Lorenzo ha anunciado que pedirá los expedientes municipales y ha recordado que, con carácter general, la superficie mínima exigida en esa categoría de suelo protegido (SRP-ARIP) es, según el Plan Territorial Insular, de 25.000 metros cuadrados, además de no permitir más de una planta. Lorenzo considera que el caso evidencia las consecuencias de la amnistía urbanística impulsada por el Govern del PP y pone el acento en que el técnico municipal de Medio Ambiente se haya acogido al procedimiento.

El proyecto incluye 660,13 metros cuadrados de superficie cerrada, 115,50 de terrazas cubiertas y 478,68 de descubiertas. El Plan Territorial Insular establece, como regla general, una vivienda por parcela, pero la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024 permite prescindir de determinados parámetros urbanísticos, incluido ese límite, siempre que se acrediten la antigüedad y la prescripción de las construcciones y se cumplan otros requisitos.

El conseller ibicenco de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, describe estas regularizaciones como «una bofetada en la cara» para quienes cumplen la legalidad y censura que personas conocedoras de la normativa recurrieran a esta vía. Atribuye la situación a decisiones políticas del PP y sostiene que aplicar este régimen en Ibiza era potestativo. Anuncia además que pedirá a los ayuntamientos de la isla datos sobre las construcciones regularizadas por silencio administrativo positivo durante la vigencia de la primera versión de la norma.

Catalina Costa aseguró a Diario de Ibiza que «las viviendas están legalizadas» y que la nueva solicitud se refiere a ampliaciones, y explicó que las tres casas cuentan con división horizontal desde los años 2000. Diego Ponce sostiene que no amplió su vivienda, sino que realizó «alguna adecuación» para mejorar la habitabilidad. El anuncio de la Dirección General de Recursos Hídricos, publicado en el BOIB el 22 de octubre, abrió un plazo de alegaciones que concluye el 20 de noviembre.

Aunque se trata de una noticia de ámbito insular que no afecta directamente a Palma, sirve como ejemplo del debate político en torno a la amnistía urbanística y la regularización de construcciones en suelo rústico en las Illes Balears.

Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.