El sector del juego pide regular con datos y alerta del avance de las plataformas ilegales
Cejuego pide regular el juego con datos, alerta de las plataformas ilegales y cifra en 31 millones los jugadores en España en 2025.
El Consejo Empresarial del Juego (Cejuego) ha reclamado que la futura regulación del sector se base en evidencias y no en ideologías durante su primer Foro Anual, celebrado este miércoles en Madrid. El acto presentó las conclusiones del estudio ‘Juego y Sociedad 2026’, según el cual 31 millones de personas de entre 18 y 75 años jugaron en España en 2025.
El informe, elaborado por José Antonio Gómez Yáñez, catedrático de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, y Carlos Lalanda, socio fundador de Loyra Abogados, señala que 6,5 millones de personas participaron en juegos presenciales de entretenimiento, como casinos o locales de apuestas, mientras que 2,2 millones optaron por la modalidad online.
Levi Pérez, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Oviedo, pidió a los futuros reguladores que huyan de las ideologías y fundamenten sus decisiones en la evidencia. El estudio también indica que la edad media de inicio en el juego se retrasó de los 26,8 años en 2018 a los 27,5 años en 2024.
La Lotería de Navidad y El Niño aparecen como los juegos con más participantes, con más de 26 millones y 14 millones, respectivamente. Las primitivas rozan los 12,5 millones de jugadores y, según Cejuego, el 90% de quienes juegan lo hace con una frecuencia anual o mensual. La proporción de jugadores diarios bajó del 4% en 2018 al 2% en 2024.
El barómetro sitúa a España entre los países europeos con menor tasa de juego problemático, con un 0,3%, frente al 1,5% de Italia, el 1,3% de Países Bajos y el 1,2% de Noruega. Cejuego cifra además en más de 1.024 millones de euros los impuestos especiales sobre el juego abonados en 2025 y en 639 millones los impuestos comunes, con 49.000 empleos directos y 180.000 si se incluyen los indirectos.
La patronal también alertó de las plataformas ilegales, que considera que operan sin los mismos controles y garantías para los consumidores. Su director general, Alejandro Landaluce, pidió al Parlamento que surja de las elecciones del 29 de noviembre que escuche al sector, utilice los datos y actualice una regulación que, según afirmó, permanece sin cambios desde 2011. La información afecta al conjunto de Baleares, incluida Palma, como capital autonómica.
Información elaborada a partir de Diario de Ibiza.